La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ya firmó un borrador de proyecto de Justicia y Paz que se radicará en Congreso para agilizar y cerrar los procesos con exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El sistema judicial para exparamilitares cumple 20 años funcionamiento y, debido a trabas, acumula retratos en sentencias, reparaciones a las víctimas y recuperación de bienes.
La ley de Justicia y Paz se diseñó en 2005, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, para facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de los exmiembros de las AUC. Sin embargo, según argumenta la Fiscalía, más de 3 mil postulados sigue sin una sentencia definitiva. Por eso, busca dinamizar esa justicia y darle celeridad a los procesos.
El borrador aún se conoce. Sin embargo, tal como revela El Espectador, algunos de los puntos que contempla son la eliminación de la audiencia de formulación de imputación, así como la rapidez en las sentencias y la extinción del derecho al dominio de propiedad. Lo ideal es ordenar extinción de bienes con más efectivas apra entregar estos activos al Fondo para la Reparación de las Víctimas.
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El gobierno presentó una ley de sometimiento para bacrim
Además de este borrador que prepara la Fiscalía, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley para que las bandas criminales se integren a la política de paz total. Este fue presentado ante la Fiscalía, la Policía, la Procuraduría y la Sala Penal de la Corte Suprema. Esta última tuvo críticas al proyecto.
Esta ley del gobierno también busca modificar la ley de Justicia y Paz. Particularmente, el punto de reducción de penas que se concibió para paramilitares y que ahora entraría a regir para grupos criminales organizados. Las penas irían de 5 a 8 años, y para reincidentes de ocho a diez. Aplicaría con principios de la justicia restaurativa y también aplicaría para capos que han cumplido ese tiempo en la cárcel.
Sin embargo, el proyecto causó polémica. La Corte Suprema emitió un concepto desfavorable al respecto por falta de “discusión y deliberación”. “El articulado no es suficientemente claro en relación con los recursos y la metodología de implementación para atender las necesidades que acarrea la propuesta”, dijo Myriam Ávila, presidenta de la Sala Penal.
Incluso, hay fracturas al interior del gobierno. El comisionado de Paz, Otty Patiño, dijo en entrevista con El Tiempo que el proyecto requiere de mayor análisis y apoyo político. “Es inconcebible que Otty Patiño se convierta en francotirador de la paz”, respondió el minJusticia Montealegre.
Petro ha propuesto poner punto final a procesos con exparas
Petro ha propuesto “finiquitar” el proceso de paz con exparamilitares. Incluso, ha invitado a exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, “Macaco”, “Jorge 40” y “Don Berna” a reactivar mesas de paz para cerrar este ciclo, buscando que se conozca toda la verdad “sin traición y sin miedo a la verdad”. Incluso, varios de ellos fueron designados como gestores de paz para contribuir a la desmovilización y la búsqueda de la verdad en el marco del conflicto.
Además, ha sido crítico de la ley de Justicia y Paz. Ha dicho que esta ley fue una “ley de impunidad” para narcotraficantes armados y que no garantizó la reparación a las víctimas ni la verdad plena. Ha lamentado que gran parte de las tierras despojadas por los paramilitares sigan en manos de los victimarios y no de las víctimas, y ha criticado la gestión en la devolución de estas tierras. Esto se inscribe en su política de Paz Total. Sin embargo, los exjefes paramilitares han advertido falta de cumplimientos por el Comisionado de Paz.
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