En la madrugada del 13 de enero, un ‘cambuche’ de abuelitos apareció frente al edificio del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República —Dapre—, en pleno corazón de Bogotá.
Este campamento improvisado con carpas para dormir, plásticos para que no entre la lluvia y cobijas que no disimulan el frío de la cordillera, causó ruido entre los habitantes del centro de la ciudad.
Los carros que toman el desvío no cuestionan la razón de su manifestación, los vecinos de enfrente no les dirigen la palabra y los funcionarios del gobierno los ignoran. Pero lo cierto es que entre la calle séptima y la carrera sexta, se encuentran aproximadamente 200 abuelitos entre los 60 y 80 años de edad, que se turnan cada dos noches para no perder la esperanza de ser indemnizados.
Son representantes de la Central Colombiana de Extrabajadores en Acuerdos Políticos, Cetrap, una asociación de extrabajadores despedidos sin justa causa a finales del siglo XX por empresas estatales, y que casi 30 años después buscan una indemnización. En las noches solo los acompaña la esperanza de tener un mejor futuro en los pocos años que les quedan o dejar algo para sus familias que no pudieron mantener después del despido.
Siete de ellos han muerto a causa de enfermedades respiratorias que adquirieron durmiendo a la intemperie en lo alto de ese cerro. Sin embargo, la lucha del resto continía. Dicen que ya no tienen nada que perder.
En medio del frío de las noches, de la falta de un baño cercano y de las inundaciones de sus carpas cuando la lluvia destruye los plásticos del techo, se han convertido en una familia. Juegan parqués para quemar tiempo, comparten café y galletas que les traen sus hijos, pero como toda familia, tienen discusiones internas e incluso han sufrido ataques físicos de personas que les incomoda su presencia.
Esta es la historia de cuatro adultos mayores que viven día y noche esperando una indemnización en el campamento ‘altos del Dapre’ o ‘Villa Esperanza’, como lo han bautizado sus miembros.
‘Capitana’ Nery Esmeralda Gómez | 73 años | Secretaría de Tránsito de Bogotá
La ‘Capitana’, como la llaman sus compañeros del campamento, fue una de las primeras agentes mujeres de tránsito de Bogotá. Llegó a esa entidad en 1974, donde escaló durante 20 años hasta el grado más alto: el de capitana.
Un puesto en el que era feliz, hasta el 31 de diciembre de 1997, la noche en que la despidieron. Antanas Mockus tomó la decisión anular los cargos de agentes de tránsito, tan solo una semana después de haber reconocido los 23 años de Nery.
A sus 45 años, sin empleo, sin indemnización y varios hijos a su cargo, Nery tuvo que reinventarse. Ese año, perdió su casa por no poder pagar el crédito hipotecario, uno de sus hijos tuvo que ser internado en el hospital durante meses, y nadie la contrataba por su edad o por cargar el ‘lastre’ de corrupción de la entidad donde trabajó.
Para sostener a su familia, inició a trabajar en fábricas textiles, fue comerciante e incluso manejó taxi por las calles de la ciudad que conocía perfectamente. Aun con estos intentos, las ilusiones de convertir a sus hijos en profesionales se fracturaron.
Durante años se unió a muchos grupos de manifestantes para exigir su indemnización, e incluso fue una de las fundadoras de la Asociación Colombiana de extrabajadores de la Secretaría de Tránsito, pero sin un resultado concreto. No fue hasta diciembre de 2024 cuando conoció a su nueva familia.
En una de las protestas frente al ministerio del trabajo, Nery vio cómo los funcionarios de más alto rango huían por los parqueaderos, y en un acto al estilo de Gandhi, se sentó frente a la salida de los vehículos, y nadie pudo escapar a sus peticiones. Pero aun así, siguieron sin cumplirles, por lo que un mes más tarde, el 13 de enero, fue de las primeras en cerrar la vía y poner su carpa en ‘Villa Esperanza’.
Seis meses más tarde, esperan que el ministerio resuelva su situación. En el campamento han muerto 7 de sus compañeros por problemas respiratorios adquiridos en la interperie. Nery teme ser la próxima, pues fue sobreviviente de un cáncer de piel, que puede volver en cualquier momento. Como ella, cientos de manifestantes cuentan con enfermades crónicas adquiridas en sus años de labor como cáncer, problemas lumbares, flebitis, elefantiasis, estrés, y ansiedad.
A pesar de ello, la ‘capitana’ gestiona el papeleo de sus compañeros para pedirle una pensión digna al Ministerio del Interior, lo que considera un pequeño rayo de luz, en medio de un campameno que se cae a pedazo cada que llueve en la montaña.
Maximiliano Martin | 78 años | Empresa de Energía de Bogotá
El 97 también fue el año donde Maximiliano perdió su empleo en una masacre laboral, solo faltando un par de años para que se pensionara.
Después de ser despedido sin justa causa de la empresa de energía del distrito de Bogotá, el único lugar donde consiguió empleo fue cuidando carros. Se jubiló en un parqueadero, donde tuvo que dejarle de pagar la universidad a sus hijos. Su esposa enfermó y cayó en cama con una máquina de oxígeno a los pocos años de quedar sin empleo.
A pesar de sus 78 años, Maximiliano duerme en las carpas del campamento. Aunque duerme mal, no se queja de los colchones improvisados, sino de no tener baño. Utilizan el de la panadería de la esquina que vale 2 mil pesos, pero en la madrugada tienen que aguantar hasta las 5 a.m.
Además, las inundaciones por las lluvias lo dejaron con su carpa dañada y el colchón mojado, en medio de una noche en vela con un chubasco que parecía no terminar. El frío asevera sus enfermedades, pero dice que no tiene nada que perder. Solo espera que el gobierno por el que votó le reconozca sus derechos antes de morir.
“Es frustrante que el gobierno atienda a guerrilleros e indígenas, pero no a quienes construimos las grandes empresas de Bogotá y del país”, dijo indignado.
María del Carmen Escandón | 71 años | Secretaría de Educación de Bogotá
María del Carmen Escandón hizo parte de los más de 2.800 trabajadores de la Secretaría de Educación de Bogotá despedidos en el 2001. Era auxiliar de servicios generales. En ese cargo estuvo por una década, pero solo recibió 5 millones de pesos como indemnización por su despido. Según denuncia, el distrito la engañó.
Además, dice que les prometieron una reubicación que nunca llegó. En el camino, perdió su apartamento ese mismo año por no pagar las cuotas. En su recuerdo está el fatídico día en que tuvo que regalar sus enseres y salir con bolsas de basura con su hija menor de edad para reubicarse en una habitación de una residencia. Aún recuerda ese momento como una constante que aparece en las frías noches del campamento.
Dice que el dolor más grande no fue el despido, o haber perdido su apartamento: fue no poder darle educación a su hija. Quedar desempleada a los 47 años la orilló a la informalidad.
“Fuimos masacrados laboralmente, pisoteados, nos dejaron sin dignidad. Y ahora nos ignoran, nos convertimos en parte del paisaje, y eso que estamos enfrente de la casa del presidente. Es contradictorio que pasemos tantas necesidades mientras él nos mira por la ventana”, dijo.
En medio de la precariedad de ‘Villa Esperanza’, donde los extrabajadores estatales han montado sus carpas para exigir justicia, María del Carmen ha soportado no solo el frío, la lluvia y el hambre, sino también la hostilidad de algunos vecinos que no comprenden su lucha.
Una tarde, un hombre furioso por los meses de bloqueo a su edificio, llegó a cortar las pancartas de los manifestantes desde arriba de un árbol. En el intento perdió el equilibrio, se cayó y del golpe se rompió la cabeza. En medio de su ira, se abalanzó con las tijeras directamente hacia María del Carmen.
El destino jugó a su favor en ese instante: ella llevaba una chaqueta acolchada que se rasgó, pero le impidió sufrir un daño físico grave. Intentó calmarlo, pero a pesar de la sangre en su cabeza, el hombre solo gritaba que estaba harto de su presencia y que solo eran un estorbo para la sociedad. Tras la agresión fue detenido y estuvo recluido durante 24 horas. Aún amenaza a María cuando pasa por su campamento. Ella teme a que este tipo de acciones se vuelvan a repetir si el presidente no los escuchan.
Su última esperanza son diálogos que avanzan con el viceministerio del interior y poder así vivir dignamente de nuevo. “No estamos pidiendo un regalo, solo que nos devuelvan todo lo que nos fue robado hace 20 años”, agregó María.
Luis Fernando Ardila | 69 años | Secretaría de Obras Públicas de Bogotá
Dos décadas fue el tiempo que Luis estuvo en la Secretaría de Obras Públicas. A los 41 años de edad, ya había acumulado el tiempo necesario para su pensión en su puesto como conductor mecánico. Eso, hasta que el entonces alcalde Antanas Mockus cambió sus planes bajo la premisa de que la empresa sería reestructurada y fusionada, y que serían reubicados en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) con sus puestos asegurados.
Luis Fernando recuerda con dolor que simplemente les entregaron una hoja, les dijeron que firmaran, les agradecieron sus servicios y los sacaron, obligándolos a devolver vehículos, maquinaria y herramientas. Lo irónico es que la Secretaría de Obras Públicas siguió operando por un par de años más antes de cambiar su razón social a lo que hoy es la Unidad de Mantenimiento Vial.
Su destino no fue distinto al de los demás compañeros. Tuvo que recurrir a trabajos alternativos y precarios, como lavador de autos en un parqueadero, vendedor ambulante o albañil, para sobrevivir.
El recuerdo que más lo rompe de aquella época en donde se convirtió en una persona “miserable económicamente”, como lo describe, fue ver llorar a sus hijos por el hambre que tuvieron que aguantar.
Esta injusticia encendió una llama de resistencia en Luis Fernando. Desde 1998, se unió a otros afectados para demandar al Estado. Lograron una recomendación de la OIT en 2002, que declaraba la ilegalidad de los despidos masivos y exigía su cumplimiento, pero los gobiernos posteriores la han “ignorado”. Incluso en el gobierno de Peñalosa I, les ofrecieron una suma millonaria para abandonar sus procesos, algo a lo que Luis Fernando se opuso firmemente.
Por la dignidad que le fue arrebatada hace casi 30 años es que Luis Fernando se levanta cada mañana y se dirige al campamento. Seis meses ha aguantado para que el Estado escuche su historia y reconozca todo lo que le quitaron.
Votó por Gustavo Petro, así que aún tiene esperanza de que el gobierno les cumpla. También cree que el Ministerio del Trabajo los ha ignorado todo este tiempo, pero guarda la esperanza de las negociaciones con el Viceministerio del Interior puedan ser la respuesta a la larga lucha que atravesó 30 años y a las noches frías que soportó los últimos seis meses.
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