El presidente Gustavo Petro sancionó una nueva ley que regula la realización y publicación de encuestas con fines electorales, una medida que ya causa controversia entre empresas encuestadoras. Según el Gobierno, esta iniciativa busca fortalecer el control del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los estudios de opinión y garantizar transparencia en el ejercicio. La ley fue impulsada por congresistas de diferentes partidos, entre ellos Clara López, Paloma Valencia, Angélica Lozano y Rodrigo Lara.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que esta regulación busca establecer reglas claras y exigir mayor rigurosidad metodológica en las mediciones. La norma establece que las encuestas de intención de voto solo podrán publicarse a partir de tres meses antes del periodo de inscripción de candidaturas. En el caso de las elecciones presidenciales de 2026, eso significa que solo estarán permitidas desde el 31 de octubre de 2025.
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Encuestadoras critican falta de diálogo y posibles impactos
Varios representantes del sector encuestador han alzado la voz frente a lo que consideran una norma impuesta sin concertación. César Caballero, gerente de Cifras & Conceptos, afirmó que esta ley limitará la producción de encuestas públicas y encarecerá las privadas, lo que podría beneficiar solo a los candidatos con mayores recursos. “Los ciudadanos tendrán menos acceso a la información, y eso afecta el debate democrático”, advirtió.
Martín Orozco, gerente de Invamer, también expresó su preocupación por la ambigüedad técnica de algunos apartados. En entrevista con Blu Radio, Orozco alertó que los medios perderán herramientas clave para informar a la ciudadanía sobre las preferencias electorales. Aunque la ley permite seguir haciendo encuestas sobre favorabilidad o reconocimiento, exige que se incluyan figuras con notoriedad pública, un criterio que la norma no define con precisión.
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Exigencias metodológicas y mayor control del CNE
La nueva legislación impone criterios estrictos para la cobertura geográfica y el diseño muestral de las encuestas. Las empresas deberán incluir municipios de todos los tamaños y cubrir regiones tradicionalmente excluidas, como los Llanos y el sur del país. Además, deberán incluir ciudades con más de 800.000 habitantes, como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Soacha y Cúcuta. Esto implica una expansión obligatoria del alcance de los estudios.
Por otro lado, las encuestadoras tendrán que entregar al CNE las bases de datos utilizadas, respetando la confidencialidad de los encuestados. La ley también establece la creación de una Comisión Técnica dentro del CNE, conformada por expertos en estadística provenientes de universidades acreditadas, encargada de auditar y evaluar la calidad de las encuestas. Aunque el Gobierno defiende la norma como un avance en transparencia, para muchos analistas representa un retroceso en el acceso a información clave durante procesos electorales.
