Luego de más de siete horas de audiencia, la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, concluyó que el delito de soborno en actuación penal quedó probado en el caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez, específicamente en lo relacionado con el testigo Juan Guillermo Monsalve.
Durante la lectura del fallo, Heredia afirmó que se demostró que sí hubo un intento por hacer que Monsalve modificara su declaración inicial, en la que vinculaba a Uribe y a su hermano Santiago con el bloque Metro de las Autodefensas. Según la jueza, ese intento de retractación se buscó a cambio de beneficios jurídicos y mejores condiciones en su sitio de reclusión, lo que configura el delito de soborno.
Sin embargo, esto no implica todavía una condena contra el exmandatario. Uribe está siendo procesado como presunto determinador de esa conducta, y la jueza deberá establecer si fue él quien instigó o promovió directamente la acción ilícita. Es decir, si influyó en el actuar del abogado Diego Cadena, quien aparece como ejecutor del contacto con Monsalve y otros testigos.
Este punto es clave, pues en Colombia, para que un determinador sea declarado culpable, el juez debe probar no solo que el delito se cometió, sino que quien está enjuiciado lo indujo o promovió de manera intencional.
La audiencia de este lunes, la número 68 del proceso, marca un hito en el juicio conocido como el “juicio del siglo”, pero aún no termina. La jueza Heredia continúa con la lectura del fallo y se espera que en las próximas horas o días se conozca si Uribe será condenado, absuelto o si se dictará una condena parcial.
El proceso, que inició en la Corte Suprema y luego pasó a la justicia ordinaria, se encuentra en primera instancia. Cualquier decisión podrá ser apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá, aunque el tiempo apremia: si no hay sentencia definitiva antes del 16 de octubre, el caso corre el riesgo de prescribir.
Afuera del complejo judicial de Paloquemao, el juicio ha tenido eco político. Plantones del Centro Democrático, así como de sectores oficialistas, acompañan la diligencia en un ambiente tenso y expectante. Mientras tanto, el país sigue atento a una decisión que podría marcar un antes y un después en la historia judicial de Colombia.
