La Unidad Nacional de Protección (UNP) confirmó que está en marcha una evaluación para fortalecer el esquema de seguridad de la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, responsable del fallo que declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Esta decisión histórica ha puesto los reflectores sobre la integridad de la togada y su entorno, justo cuando el país vive un ambiente de polarización política y tensión mediática.
Heredia ya contaba con un esquema de seguridad desde hace varios meses, pero tras la sentencia del 28 de julio, las autoridades han comenzado a revisar hechos recientes que podrían indicar un mayor nivel de riesgo. La solicitud actual, según confirmó la UNP en un comunicado, se analiza junto con la Dirección de Protección de la Policía Nacional, entidad que también evalúa si es necesario reforzar el acompañamiento a la funcionaria judicial.
Un fallo sin precedentes que desató tensiones
El fallo contra Uribe ha marcado un hito en la historia judicial colombiana, pues es la primera vez que un expresidente es declarado culpable penalmente por un tribunal del país. La jueza concluyó que el exmandatario, con la ayuda de su abogado Diego Cadena, intentó manipular a testigos clave, como Juan Guillermo Monsalve, con el fin de alterar sus declaraciones en el proceso que lo enfrentaba al senador Iván Cepeda.
El caso, que se remonta al año 2012, se prolongó durante más de 12 años y estuvo cargado de controversias, dilaciones y disputas políticas. La sentencia definitiva será leída el próximo 1 de agosto, pero la Fiscalía ya ha solicitado una pena cercana a los nueve años de prisión, además de una multa superior a mil salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Seguridad y autonomía judicial, bajo amenaza
La UNP recalcó que su labor no se limita a proveer escoltas. Su misión institucional también consiste en garantizar la autonomía de la justicia cuando decisiones judiciales de alto impacto ponen en riesgo a los jueces y magistrados. En este caso, el organismo advirtió que el contexto actual exige una respuesta coordinada y eficaz, para que la jueza Heredia pueda ejercer su rol sin presiones ni temores.
La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) también se pronunció, exigiendo que se tomen medidas urgentes de protección ante el creciente ambiente de tensión. El mensaje es claro: proteger a quienes imparten justicia es una obligación del Estado, más aún cuando se trata de decisiones que afectan a figuras de gran poder político y generan reacciones intensas en la opinión pública.
Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe ha rechazado el fallo y ha anunciado que apelará la decisión, insistiendo en su inocencia y calificando el proceso como una persecución. Sus declaraciones han alimentado la división en sectores políticos, donde hay quienes consideran la sentencia un acto de justicia, mientras otros la ven como una revancha.
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Con el periodo de apelaciones a punto de comenzar, el proceso aún no ha llegado a su fin. Sin embargo, los efectos del fallo ya se sienten en distintos ámbitos. La protección a la jueza Heredia se convierte así en un símbolo de lo que está en juego: la independencia judicial, el respeto por la legalidad y la seguridad de quienes toman decisiones que incomodan al poder.
