El reciente fallo judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez continúa generando reacciones. Esta vez fue el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien expresó su desacuerdo frente a la decisión que declaró culpable al exmandatario en dos de los tres cargos que enfrentaba.
Aunque el dirigente gremial dejó claro que respeta la independencia judicial, fue enfático al manifestar que hay preocupaciones legítimas sobre cómo se construyó parte del fallo. En particular, cuestionó el uso de interceptaciones telefónicas que, según él, habrían sido obtenidas de manera irregular.
A juicio del líder empresarial, esas pruebas afectaron la confidencialidad entre abogado y cliente y, además, incluyen fragmentos editados que habrían perdido validez al no conservar la cadena de custodia.
Cabal también puso en duda la eficacia probatoria de los elementos usados en el proceso, al señalar que muchas de las pruebas no apuntan directamente a demostrar culpabilidad. En ese sentido, sostuvo que la decisión del tribunal deja más preguntas que certezas.
Críticas por peso dado a testimonios de condenados
Uno de los puntos más sensibles señalados por Cabal tiene que ver con el valor que el tribunal dio a ciertos testimonios. Aseguró que sorprende que la justicia haya dado más peso a testimonios de personas con antecedentes penales, que a la palabra de alguien que, según dijo, dedicó su carrera a defender la institucionalidad del país.
“Uribe enfrentó con firmeza al narcoterrorismo que por años golpeó a Colombia”, agregó el presidente de Fenalco. Para el gremio, eso no puede ser ignorado a la hora de evaluar la conducta del exmandatario.
Si bien Fenalco no desconoce el derecho del Estado a juzgar, considera que todo ciudadano debe tener garantías procesales reales, especialmente en casos donde las decisiones puedan afectar la estabilidad institucional.
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Por eso, Cabal cerró su declaración confiando en que las instancias superiores actuarán con objetividad, revisarán a fondo el proceso y tomarán una decisión basada en el equilibrio y la legalidad que debe regir en cualquier sociedad democrática.
