Durante los primeros seis meses de 2025, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) registró 52 ataques contra instituciones educativas en Colombia. Aunque la cifra de incidentes disminuyó frente al año anterior, el impacto fue mayor: más de 9.400 personas resultaron afectadas. La mayoría eran estudiantes, pero también se reportaron casos entre docentes y personal administrativo.
Las amenazas han incluido enfrentamientos armados, ocupaciones militares de las escuelas, presencia de minas antipersonal y reclutamiento forzado de menores. Los hechos se concentran en seis departamentos: Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca. La organización denunció que los actores armados han incrementado el uso de escuelas como trincheras, violando el principio de protección a la educación en contextos de conflicto.
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Crecen los ataques dentro de las escuelas
El NRC advirtió que el 61 % de los ataques ocurrieron directamente dentro de las instalaciones escolares, una proporción mayor que en 2024, cuando los ataques internos representaban el 51 %. Esta tendencia revela una peligrosa estrategia de los grupos armados: usar los espacios educativos como escudos o bases logísticas. Esto ha elevado drásticamente el número de víctimas, en especial entre menores de edad.
Uno de los testimonios más impactantes lo ofreció un padre de familia en el occidente del país. Según su relato, un grupo armado ocupó la escuela de su comunidad, obligando a la evacuación inmediata. Al retirarse, dejaron rastros de violencia: paredes con impactos de bala, munición sin detonar y el temor de la presencia de explosivos en los alrededores. Estos hechos, aunque comunes, rara vez reciben atención oficial oportuna, lo que agrava la revictimización de las familias.
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Respuesta limitada del Estado y llamado a la acción
A pesar de la gravedad de los hechos, solo el 10 % de los ataques recibieron una atención institucional inmediata, según el NRC. Esta falta de respuesta estatal expone a comunidades enteras a nuevas agresiones y deja a miles de niños y niñas sin garantías mínimas de seguridad. Giovanni Rizzo, director del NRC en Colombia, exigió mayor compromiso de todas las partes, incluyendo a las fuerzas del Estado, para garantizar la neutralidad de los espacios educativos.
La organización internacional pidió fortalecer la capacidad estatal para proteger a los menores, evitar su reclutamiento y desmilitarizar las escuelas. También planteó la urgencia de acelerar el desminado en zonas escolares y mejorar la infraestructura de los centros educativos en zonas de conflicto. “Los niños no pueden seguir siendo víctimas inocentes de una guerra que no es suya. Las escuelas deben ser santuarios, no campos de batalla”, concluyó Rizzo.