En una acción sin precedentes, 28 expresidentes de América Latina, España y Puerto Rico firmaron una carta conjunta dirigida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que denuncian “graves afectaciones” a los derechos fundamentales del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, recientemente condenado a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La misiva, conocida horas antes de que el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá definiera si Uribe deberá cumplir su pena en centro carcelario o en detención domiciliaria, cuestiona fuertemente el desarrollo del proceso judicial, al que califican de “tortuoso” y lleno de “anomalías estructurales”.
“A pesar de todas las vulneraciones e irregularidades, Álvaro Uribe Vélez se ha sometido a la justicia con dignidad y ha colaborado en cada instancia del procedimiento. Hoy enfrenta una condena en primera instancia construida sobre bases que despiertan serias dudas jurídicas”, se lee en el documento.
Entre los firmantes figuran figuras como Mauricio Macri (Argentina), José María Aznar y Mariano Rajoy (España), Óscar Arias (Costa Rica), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), y Juan Guaidó (Venezuela), así como el propio expresidente Iván Duque, quien habría coordinado la redacción y difusión de la carta.
Llamado a organismos internacionales por condena de Uribe
El texto insiste en que no se trata de una intromisión en la soberanía judicial colombiana, sino de un llamado a los organismos internacionales para que evalúen si, en este caso, se han vulnerado garantías fundamentales protegidas por instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana.
El pronunciamiento coincide con una oleada de reacciones políticas tras la sentencia contra Uribe. Figuras como la senadora Paloma Valencia calificaron el fallo como un ataque directo al pluralismo político, mientras que otros sectores lo han defendido como un paso hacia la igualdad ante la ley.
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La jueza Sandra Heredia, quien dictó la condena, absolvió al exmandatario del delito de soborno simple, pero concluyó que fue determinador en varias conductas que alteraron el curso de un proceso judicial.
Mientras tanto, la discusión jurídica y política sobre el alcance de la sentencia y sus implicaciones continúa escalando a nivel nacional e internacional.
