Este viernes 1.° de agosto a las 2:00 p. m., el país espera con atención la sentencia que la jueza Sandra Liliana Heredia le impondrá al expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras haberlo declarado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El fallo representa la primera condena penal en contra de un exmandatario en la historia de Colombia, marcando un precedente en la política y la justicia del país.
Aunque fue absuelto del cargo de soborno simple, Uribe fue encontrado determinador en los otros dos delitos. La Fiscalía solicitó una pena de nueve años de prisión y multas superiores a los 1.600 salarios mínimos legales vigentes. La jueza podría fijar una pena entre cuatro y ocho años de cárcel, dependiendo de cómo valore los hechos y las circunstancias agravantes.
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La defensa prepara apelación ante el Tribunal Superior
Jaime Granados, abogado defensor de Álvaro Uribe, anunció que interpondrá un recurso de apelación el próximo 11 de agosto. Según explicó, su equipo ya trabaja en los argumentos jurídicos con los que esperan revertir la sentencia de primera instancia. Si el fallo no les resulta favorable, no descartan llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia mediante una eventual casación.
El Tribunal Superior de Bogotá tendrá plazo hasta el 16 de octubre para resolver la apelación. Entre tanto, Uribe reiteró en su cuenta de X que no se detendrá: “Estoy en la preparación de la argumentación para sustentar la apelación de mi defensa material”. Con esta estrategia, el expresidente intenta desacreditar la sentencia sin abandonar la vía judicial, manteniéndose activo en la opinión pública.
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Los delitos que marcaron el proceso contra Uribe
El fraude procesal, delito por el que fue condenado Uribe, contempla penas de entre 6 y 12 años de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Este delito se configura cuando una persona engaña a una autoridad judicial con el fin de obtener un fallo favorable. En este caso, la justicia determinó que Uribe buscó manipular testimonios que afectaban su imagen y procesos judiciales.
El otro delito, soborno en actuación penal, implica ofrecer dádivas a testigos o actores del proceso judicial para influir en sus declaraciones. Según el Código Penal, esta conducta puede sancionarse con prisión de 4 a 8 años y multas que oscilan entre 50 y 2.000 salarios mínimos. La jueza consideró que Uribe participó activamente en esta práctica, utilizando intermediarios para alterar versiones clave en su defensa.
