Los grupos armados que operan en distintas zonas del país habrían encontrado en el tráfico de fauna silvestre una nueva fuente de ingresos, un trágico hecho que estaría afectando a especies como el tigrillo, el jaguar y el puma. Especialmente en zonas como Vichada y Casanare.
Un reciente informe de ‘Semana’ reveló cómo estos grupos han montado redes logísticas para la caza, transporte y comercialización de animales silvestres, tanto dentro como fuera del país. Se trata de un negocio que, al parecer, no solo implica violencia e intimidación hacia comunidades que intentan proteger los ecosistemas, sino que además conecta con mafias internacionales.
Las disidencias de las Farc, según fuentes de inteligencia citadas por el medio, estarían detrás de estas actividades. Su interés sería garantizar ingresos económicos a partir de lo que hoy es considerado uno de los negocios ilícitos más rentables del mundo.
Los cazadores ilegales, con el respaldo de estos grupos, sabrían dónde buscar a los animales y cómo moverse por el territorio sin ser detectados. Estaría usando trampas hechas con sogas, animales de carga y hasta perros entrenados para atrapar felinos, aves o primates. En algunos casos, los cazadores sacrifican a los animales para usar su piel, en otros, los venden vivos como mascotas exóticas.
El tráfico de fauna incluye ventas nacionales e internacionales
Muchos de los animales traficados terminan en países como Dubái, Catar o incluso Estados Unidos, donde el comercio ilegal logra camuflarse con documentación aparentemente legal. A pesar de que los ejemplares salen de Colombia por vías clandestinas, una vez llegan a su destino, en algunos casos los compradores logran torcer las normas a través de influencias o sobornos.
En este proceso, según el informe, también se identificaron casos de corrupción local. Funcionarios públicos habrían facilitado algunas rutas por trocha, vía fluvial e incluso aérea.
La caza ilegal afecta tanto a los ecosistemas como a los animales, que en muchos casos no lograr recuperarse en su totalidad. En el centro de atención de fauna silvestre de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia), ubicado en una de las zonas más golpeadas por esta actividad, actualmente permanecen pumas heridos, loros mutilados, tigrillos huérfanos y monos que no volverán a adaptarse a su hábitat natural.
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Aunque el trabajo del equipo profesional biólogos, veterinarios, cuidadores busca la recuperación y liberación de cada ejemplar, no todos logran readaptarse a la vida silvestre. Algunos, por las secuelas físicas o mentales, deben permanecer en cautiverio.
Cabe recordar, que en Colombia, el tráfico de fauna silvestre está penado con hasta nueve años de cárcel y multas que superan los 45 salarios mínimos legales. Sin embargo, este tipo de actividades ilegales representarían un reto grande para las autoridades.
