Los habitantes de la localidad de Puente Aranda fueron claves para destapar uno de los mayores escándalos dentro de la Policía Metropolitana de Bogotá. Gracias a sus constantes denuncias, las autoridades lograron documentar al menos 26 hechos delictivos que comprometen a un teniente y 11 patrulleros. Las acusaciones van desde extorsiones hasta vínculos con redes de microtráfico y bandas dedicadas al robo de cable y contrabando.
Según la Fiscalía, los uniformados exigían pagos a cambio de no judicializar a personas capturadas en flagrancia por delitos como hurto y venta de drogas. Además, realizaron detenciones arbitrarias sin sustento legal para inflar las estadísticas de los CAI y obtener beneficios personales. La investigación reveló que estos agentes alteraban informes judiciales para ocultar sus acciones ilícitas y evitar el control de sus superiores.
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Unidades policiales aliadas con bandas criminales
El accionar de estos policías no solo se limitó al abuso de su autoridad. El ente acusador reveló que permitieron el paso de mercancía de contrabando hacia sectores como San Andresito y facilitaron operaciones ilegales de redes dedicadas al comercio ilícito de cobre. Para camuflar sus operaciones, los agentes falsificaron documentos públicos y modificaron reportes oficiales, lo que evidencia una estructura criminal dentro de la propia institución.
Además, la Fiscalía encontró cuentas bancarias ocultas en las que se movieron más de 200 millones de pesos. Estas transacciones refuerzan la hipótesis de una red bien organizada con capacidad para desviar grandes sumas de dinero sin levantar sospechas internas. El caso pone en tela de juicio los mecanismos de control institucional y refuerza la necesidad de una depuración profunda dentro de la Policía.
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Judicialización y medidas privativas de la libertad
Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá presentó a los 12 policías ante un juez de control de garantías, quien avaló la imputación por múltiples delitos. Entre ellos se encuentran concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y tráfico de estupefacientes.
Nueve de los uniformados permanecerán en prisión mientras avanza el proceso judicial, mientras que los tres restantes cumplirán detención domiciliaria. Las autoridades anunciaron que seguirán investigando para determinar si hay más implicados y garantizar que hechos como este no vuelvan a repetirse dentro de las fuerzas encargadas de velar por la seguridad ciudadana.
