La cadena de supermercados D1 encendió las alarmas luego de recibir amenazas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que la habría declarado objetivo militar en el departamento del Chocó por negarse a pagar el llamado “impuesto de guerra”. La situación no solo compromete la operación logística de la compañía, sino que pone en riesgo el abastecimiento de productos básicos en zonas donde estas tiendas son prácticamente la única opción estable.
En un comunicado enviado por el frente occidental del ELN, el grupo armado advierte que atacará cualquier vehículo que transporte productos hacia los supermercados D1 en esa región. La amenaza también se habría extendido a algunas zonas del departamento de Risaralda. Ante esto, la empresa expresó su profunda preocupación por la seguridad de sus trabajadores, clientes, aliados y proveedores, y pidió al Gobierno nacional intervenir de forma urgente.
“Estamos comprometidos con la gente, pero necesitamos protección”
En su pronunciamiento oficial, D1 rechazó de forma categórica las intimidaciones del grupo armado y exigió al Estado colombiano garantizar las condiciones necesarias para seguir operando con normalidad. “Solicitamos con el mayor respeto y la mayor urgencia al Gobierno nacional tomar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de nuestros trabajadores, clientes, aliados y proveedores, así como velar por el normal desarrollo de nuestras operaciones”, señaló la compañía.
La empresa subrayó además que su presencia en estos territorios no es únicamente comercial. Se trata, según recalcaron, de un compromiso con el empleo formal, la economía local y la seguridad alimentaria. Solo en el departamento del Chocó, D1 abastece a varios municipios a través de una operación diaria que moviliza al menos 15 camiones cargados con mercancía.
Aunque la situación aún está bajo análisis por parte de las autoridades departamentales, preocupa que la amenaza del ELN provoque un eventual cierre de tiendas en estas zonas. De concretarse, podría dejar sin productos esenciales a comunidades enteras, muchas de las cuales ya enfrentan condiciones de aislamiento y precariedad.
Preocupación por el vacío de presencia estatal
Las amenazas del ELN contra D1 también reavivan una preocupación histórica: la falta de presencia efectiva del Estado en regiones donde los grupos armados siguen marcando la pauta. Para la cadena, el riesgo no solo es económico, sino social. La operación en lugares como Chocó responde a la necesidad concreta de garantizar acceso a alimentos y productos de primera necesidad en zonas históricamente olvidadas.
Mientras el conflicto armado continúa afectando a los más vulnerables, las empresas que intentan mantener su operación en estos territorios se enfrentan a un dilema constante entre seguir resistiendo o replegarse ante la falta de garantías. Por eso, D1 insistió en la necesidad de una acción estatal que vaya más allá de comunicados: una estrategia que combine seguridad, inversión y respaldo institucional.
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Hasta el momento, ni el Gobierno nacional ni el Ministerio de Defensa se han pronunciado oficialmente sobre las amenazas contra la cadena. Sin embargo, desde las administraciones locales se están evaluando medidas para evitar que la presión de los grupos ilegales derive en cierres forzados o desabastecimiento.
