La Procuraduría ratificó en segunda instancia la destitución e inhabilidad por diez años contra el excanciller Álvaro Leyva. Esto, por irregularidades en la expedición de los pasaportes. El Ministerio Público determinó que Leyva desconoció los principios de contratación estatal al declarar desierta la licitación. Por ahora, el excanciller no se ha pronunciado al respecto.
La Procuraduría, dirigida por Gregorio Eljach, concluyó que Leyva incurrió en falta gravísima, a título de dolo, al declarar desierta la licitación cuando el proceso tenía un oferente —Thomas Greg & Sons— que cumplía todos los requisitos y había obtenido un buen puntaje en la evaluación.
Esta decisión queda en firme, pues se da en segunda instancia y no admite ningún otro recurso de apelación. El excanciller atravesó un juicio en el que presentó pruebas y su defensa, pero aun así perdió la batalla. Leyva señaló que se trataba de una “persecución” de la Procuraduría en su contra.
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El lío de los pasaportes que puso a Leyva en el centro
En mayo de 2023, la Cancillería, bajo la dirección de Leyva, lanzó una licitación pública por un valor aproximado de 600.000 millones de pesos para la producción de pasaportes. Sin embargo, varias empresas se retiraron del proceso. Alegaron que se trataba de una “licitación sastre” que favorecía a Thomas, que lleva a cargo de ese negocio por 15 años.
En septiembre de ese año, Leyva declaró desierta la licitación por órdenes del presidente Gustavo Petro, quien ha buscado quitarle el negocio de pasaportes a Thomas. Por ello, la Procuraduría abrió una investigación contra Leyva, a quien calificó de haber violado los principios de la contratación estatal, como la transparencia y la selección objetiva.
El caso le costó el puesto a Leyva, quien salió inhabilitado en primera instancia mientras llevaba su juicio. El presidente Petro ha dicho que se trató de un “acto de inmensa injusticia”, aunque ahora Leyva se convirtió en uno de los principales detractores del gobierno. El excanciller envió una serie de cartas públicas al presidente, en el que lo tilda de “drogadicto” y cuestiona su gestión.
El nuevo modelo de pasaportes tras el lío
La Imprenta Nacional sería la encargada directa de fabricar las libretas de los pasaportes y de personalizar cada documento con los datos del ciudadano. Mientras tanto, la Casa de la Moneda de Portugal brindaría la asesoría técnica, la transferencia de tecnología y la capacitación necesaria a la Imprenta Nacional para que esta pueda llevar a cabo la producción de los pasaportes con los estándares de seguridad requeridos.
La idea de esta alianza público-privada es que el Estado tenga mayor autonomía y control en la expedición de los pasaportes. Por eso el gobierno Petro quiere sacar a Thomas Greg. El caso pasaportes no solo tocó la esfera de Leyva, también de sus sucesores, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y Rosa Villavicencio. También a Alfredo Saade, el exjefe de Despacho de Petro quien estuvo a frente del negocio. A los tres los investigan.
En medio de este nuevo modelo, la Imprenta Nacional alertó no estar lista para asumir el negocio, que entraría en vigencia en septiembre. Por eso, la Cancillería declaró urgencia manifiesta y extendió el contrato con Thomas por ocho meses más, hasta abril del 2026 y con un valor de 161 mil millones de pesos.
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