El abogado Julián Quintana, representante legal de la familia de Valeria Afanador, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación que impute cargos a la rectora y a dos profesores del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles. La petición se fundamenta en presuntas omisiones que, según la defensa, facilitaron la salida de la niña del plantel sin supervisión, lo que derivó en su posterior hallazgo sin vida en el río Frío.
Quintana sostuvo que el colegio falló en sus protocolos de seguridad y vigilancia, permitiendo que la menor de 10 años pudiera salir por un punto vulnerable del plantel. El abogado afirmó que esas omisiones son de tal gravedad que deben ser consideradas responsables directas del fallecimiento de Valeria.
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Fallas de seguridad y denuncias de manipulación
La defensa de la familia denunció que, tras la tragedia, el colegio modificó la salida por donde la niña fue vista en cámaras de seguridad. Quintana aseguró que, inicialmente, la propia institución reconoció que la reja era insegura, pero después de los hechos habría realizado cambios para ocultar esa condición. Según él, se trata de una conducta que no puede pasar inadvertida y que exige responsabilidades penales.
Además, el abogado argumentó que la salida de Valeria no puede catalogarse como un simple accidente. Para la defensa, el caso refleja la ausencia de garantías básicas de seguridad dentro de un espacio que debía ser protector. Quintana reiteró que los directivos y docentes tenían la obligación de garantizar la integridad de los menores a su cargo. Por ello, insiste en que la justicia debe actuar con celeridad y firmeza.
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Hallazgos forenses en el cuerpo de la menor
El informe de Medicina Legal entregado a la familia reveló que Valeria presentaba dos escoriaciones en la mano izquierda y hematomas en la zona torácica. Aunque las lesiones no fueron mortales, su existencia resulta clave para la investigación, ya que ocurrieron antes del fallecimiento. Estas evidencias abren nuevos interrogantes sobre lo que sucedió en las horas previas a su muerte.
El dictamen descartó fracturas, lesiones traumáticas mayores o signos de violencia sexual, lo que refuerza la hipótesis de que la causa principal del deceso fue la inmersión en el agua. La defensa afirma que las marcas en el cuerpo de Valeria evidencian que la niña estuvo en riesgo y no recibió atención oportuna. La familia exige analizar cada detalle para impedir que el caso quede en la impunidad.
