La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, adelantó un operativo de extinción de dominio contra exfuncionarios de Buenaventura y Popayán, acusados de desviar recursos públicos mediante contratos sin los requisitos legales.
Las diligencias se realizaron en Jamundí, Buenaventura y Cali (Valle del Cauca), Duitama (Boyacá) y Bogotá, donde fueron ocupados 21 bienes entre apartamentos, parqueaderos, lotes, establecimientos comerciales, vehículos y sociedades, avaluados en más de 22.500 millones de pesos. Todos quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
¿Qué significa la extinción de dominio?
Este procedimiento judicial le permite al Estado quitar la propiedad de bienes adquiridos de forma ilícita o injustificada, sin compensación alguna para sus dueños. Aunque en un inicio fue diseñado para golpear las finanzas del narcotráfico y la delincuencia organizada, hoy también se aplica a exfuncionarios y particulares que no puedan justificar el origen legal de su patrimonio.
El proceso se desarrolla en tres etapas:
- Indagación patrimonial: la Fiscalía investiga e identifica bienes que no tienen un origen lícito comprobable.
- Etapa judicial: se presenta una demanda de extinción de dominio ante un juez especializado.
- Sentencia: si se demuestra que el bien no proviene de actividades legales, el juez declara la pérdida de propiedad y los transfiere al Estado.
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Un golpe a la corrupción
En este caso, según la Fiscalía, los exdirectivos habrían utilizado sus cargos para inflar contratos y desviar recursos, con lo que incrementaron su patrimonio de manera injustificada. Parte de ese dinero fue destinado a la compra de los inmuebles, vehículos y sociedades ahora ocupados.
Las autoridades recalcaron que la extinción de dominio no depende de una condena penal previa: basta con que el titular no logre demostrar el origen legítimo de sus bienes. Así, se busca cerrarles el camino a quienes pretenden usar el dinero de la corrupción o de negocios ilícitos para fortalecer patrimonios privados.
De esta forma, el Estado no solo avanza en la recuperación de activos, sino que también envía un mensaje contundente: la corrupción y el enriquecimiento injustificado no quedarán sin sanción, ni en los tribunales ni en los bolsillos de quienes los cometen.
