El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó este viernes su renuncia irrevocable al presidente Gustavo Petro. En una carta formal, el funcionario explicó que su salida responde a una “profunda indignación” frente a la absolución dictada por el Tribunal de Bogotá contra Álvaro Uribe Vélez. El mensaje deja claro que el ministro abandona el cargo para recuperar libertad de acción y llevar procesos ante instancias internacionales.
En la carta, el funcionario dice que la absolución dictada por el Tribunal de Bogotá constituye un “prevaricato” y un agravio a las víctimas. Afirma ser víctima directa de los hechos que denuncia y sostiene que, por ello, debe recuperar la libertad para actuar jurídicamente.
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El ministro explica que su salida busca permitirle acudir a tribunales internacionales. Según el texto, la decisión responde a la convicción de que las autoridades internas no sancionarán los presuntos delitos. El remitente también critica el papel de otros organismos, a los que califica de serviles o cooptados, y vincula esas fallas institucionales con el riesgo de impunidad.
¿Qué viene para Montealegre?
El documento señala que el ministro reunirá argumentos y pruebas para llevar su reclamo ante la justicia universal. Busca, según lo expresado, que se reconozca y sancione lo que él describe como violaciones graves a derechos humanos. En la carta anuncia además su disposición a seguir colaborando con el gobierno en la transformación institucional, pese a su renuncia.
El ministro deja claro que la renuncia es irrevocable y agradece la confianza del presidente Petro. En el mismo escrito advierte sobre la presencia de “traidores” en el interior del Palacio y pide cautela ante lo que considera maniobras internas.
Borrador presentado por el ministro
La renuncia de Montealegre se produce en un momento de alta tensión política en Colombia. En la mañana del 23 de octubre, presentó un borrador para convocar a una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución de 1991.
La propuesta busca crear una Asamblea de 71 delegados elegidos por voto popular, con paridad de género y representación de diferentes sectores sociales.
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El borrador indica que las organizaciones sociales podrán corregirlo y coordinar la recolección de firmas necesarias para avanzar. El proceso requiere aprobación del Congreso, revisión de la Corte Constitucional y una votación ciudadana que supere un tercio del censo electoral.
El objetivo de la iniciativa, según el ministro, es superar bloqueos institucionales y abrir espacios de participación ciudadana.
