En una entrevista con Daniel Pacheco, el editor general de La Silla Vacía, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, negó el genocidio del partido de izquierda, Unión Patriótica. Lo hizo, además, asegurando que Pacheco “tiene cemento en la cabeza” por decir que sí hubo un exterminio y mostrar una postura contraria a la suya frente a la historia del conflicto armado en el país.
“No me diga jamás que el Estado aniquiló a la Unión Patriótica”, dijo Cabal. La conversación surgió luego de que el periodista le recordara el exterminio de la Unión Patriótica a manos de agentes del Estado. Mientras el periodista buscaba debatir y responderle, Cabal no lo dejó hablar y lo insultó. “Es muy difícil conversar con personas con cemento en el cerebro, de verdad”, dijo la precandidata.
El genocidio de la UP se dio entre 1984 hasta el 2007. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hubo 5.733 víctimas en el marco de la persecución a ese partido de izquierda. De esas, 5.195 eran militantes y 538 no pertenecían a la UP, pero fueron asesinadas o desaparecidas en hechos de violencia dirigidos en contra del partido. Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado por el exterminio.
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El genocidio de la UP es una realidad documentada
La UP nació después del acuerdo de paz entre las antiguas Farc-EP y el gobierno de Belisario Betancur en 1985. Ese partido fue una garantía para que miembros firmantes de paz pudieran ejercer sus derechos políticos, votar en las elecciones y aportar a la construcción de democracia en el país. El 9 de marzo de 1986 eligió 15 congresistas a Senado y Cámara, 18 diputados, 335 concejales y el nombramiento de 23 alcaldes.
A su vez, el candidato Jaime Pardo Leal alcanzó más de 328 mil votos en las presidenciales de mayo de ese año. Se consolidó como la tercera fuerza política de Colombia. Pero la suerte les duró poco. Tras la llegada del gobierno de Virgilio Barco, empezaron a ser asesinados varios de sus militantes, como el representante a la Cámara, Leonardo Posada. Inició una era de persecución, hostigamiento y ataques contra su militancia que duró más de una década.
A Jaime Pardo lo asesinaron en 1987; tres años después, fue asesinado el también candidato presidencial, Bernardo Jaramillo Ossa. Así mismo fueron asesinados 5 congresistas —entre ellos Manuel Cepeda Vargas, papá del hoy candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda—, 11 diputados, 109 concejales, 8 alcaldes y otros 8 exalcaldes. Según la JEP, hubo 5.733 víctimas. Mientras tanto, la Corporación Reiniciar, la Corte IDH y el Centro Nacional de Memoria Histórica señalan más de 6 mil víctimas.
La Corte IDH condenó al Estado por el genocidio de la UP
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en el genocidio contra la UP. Más allá de determinar que hubo agentes del Estado que participaron de este exterminio, aseguró que hubo negligencia de los gobiernos de turno. Esto, por ignorar las alertas que desde la militancia de ese partido se lanzaban.
“Estos actos constituyeron parte de un plan de extermino sistemático contra el partido político Unión Patriótica, los cuales contaron con una participación de agentes estatales y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad”, declaró la Corte IDH.
El tribunal además determinó que “surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP”. Este caso está siendo llevado por la JEP, con más de 150 comparecientes entre miembros de la Fuerza Pública, del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la Policía.
La derecha ha negado la historia del conflicto armado en el país
En noviembre del 2024, la JEP le pidió a Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, dejar de negar las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como “falsos positivos”. Esto, luego de que Vallejo negara que en el gobierno de Álvaro Uribe no hubo un política de conteo de cuerpos.
“Queremos señalar que las afirmaciones realizadas por la magistratura no son meras opiniones, sino afirmaciones que explican a la opinión pública las determinaciones judiciales que esta Jurisdicción ha tomado en seis autos de determinación de hechos y conductas por los cuales se han imputado 102 máximos responsables”, señaló la JEP. Por otro lado, recientemente el expresidente Álvaro Uribe aseguró que “ningún presidente de Colombia fue instigador contra la UP” y señaló que no podía recordarse este episodio para “tapar” el magnicidio a Miguel Uribe Turbay.
Además, el representante Miguel Polo Polo está en líos judiciales por negar la cifra de 6.402 falsos positivos y arrojar a la basura botas simbólicas en honor a las víctimas de estas ejecuciones. Tuvo que pedirles perdón a las madres de las víctimas, que al día de hoy siguen exigiendo justicia por la memoria de sus hijos.
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