El Gobierno nacional ha puesto en el centro del debate económico y ambiental una ambiciosa propuesta que busca transformar el parque automotor del país. Mediante un borrador de decreto publicado recientemente por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), se plantea un aumento drástico en el arancel de importación para vehículos y motocicletas impulsados por gasolina o diésel.
La medida elevaría el arancel para automóviles de combustión al 40 % y para motocicletas al 35 %, con el objetivo principal de desincentivar el uso de tecnologías contaminantes y acelerar la transición hacia un parque automotor eléctrico y más limpio.
El impacto en el mercado y el rechazo de los gremios
Esta alza arancelaria se traduciría directamente en un incremento del precio final para el consumidor. Según cálculos del sector, el aumento podría encarecer los modelos de carros más vendidos entre $1.3 millones y más de $4 millones.
La preocupación se centra en que esta carga tributaria impactará principalmente a los vehículos importados de países con los que Colombia no tiene Tratados de Libre Comercio (TLC), como China e India.
Gremios como FENALCO y Andemos han rechazado fuertemente el proyecto, calificándolo de “improvisado” y sin justificación técnica ni económica. Su principal argumento es que el alza afectará a los hogares de ingresos bajos y medios, que dependen de estos vehículos y motocicletas, y podría frenar la modernización del parque automotor.
Los desafíos de la movilidad sostenible
Para entender el alcance de la medida nacional, es crucial analizar los desafíos de movilidad en las grandes ciudades. Carlos Santacoloma, subsecretario de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de Cali, señaló que la ciudad “tiene que cambiar la manera como se mueve” o se volverá “totalmente inviable”.
El principal reto que enfrenta la ciudad es romper la dependencia del vehículo particular y fortalecer los pilares de la movilidad sostenible: transporte público, caminar y pedalear.
En este contexto, la política arancelaria del 40 % a los aranceles vehículos combustión presenta una contradicción: penaliza la gasolina, pero no facilita la alternativa. El subsecretario afirmó que, a pesar de los esfuerzos por impulsar la electromovilidad, los aranceles vehículos eléctricos y los híbridos siguen siendo “muy altos”. Este factor mantiene el costo transición eléctrica como una barrera económica insuperable para el ciudadano promedio.
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Fortalecimiento del transporte público: el mecanismo de la tasa por congestión
El fortalecimiento del transporte público es el primer gran reto para la transición vehículos eléctricos Cali. En este sentido, la ciudad utiliza un mecanismo financiero propio: la Tasa por Congestión (el pago que exime del Pico y Placa).
Santacoloma explicó que esta tasa no es solo una herramienta de gestión de la demanda, sino un instrumento clave para subsidiar el Masivo Integrado de Occidente (MIO). “El recaudo que hoy se hace de tasa por congestión, sirve para financiar la movilidad sostenible porque todo ese recurso es para pagar esa brecha que existe […] y lo que realmente cuesta operar ese sistema masivo” detalló.
De esta forma, la tasa ayuda a subsidiar el costo del pasaje del MIO, incentivando a los ciudadanos a usar el transporte público. La proyección futura de la ciudad es que este sistema masivo se transforme a una flota totalmente eléctrica, lo cual lo convierte en el pilar definitivo de la movilidad sostenible.
La discusión sobre los aranceles vehículos combustión subraya que, para lograr una movilidad limpia y eficiente, la política debe ir más allá de la penalización e incluir una estrategia clara para reducir el costo transición eléctrica y fortalecer las opciones de transporte público.
