El gobierno de Gustavo Petro publicará entre el 29 y 30 de diciembre el decreto que determinará el salario mínimo para el 2026. “Esta vez vamos a incorporar el concepto de salario vital”, señaló el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. El funcionario aseguró que aún están trabajando en el porcentaje de incremento salarial.
Petro decretará el salario mínimo porque no hubo acuerdo en la mesa tripartita conformada por delegados del gobierno, trabajadores y empresarios. Aunque Sanguino aseguró que buscaría llegar a un consenso para no decretarlo, el plazo, que era hasta el 15 de diciembre, se venció. Los trabajadores proponían un aumento del 16%, frente al 7,2% que propusieron los empresarios.
Además, es la primera vez que un gobierno utiliza el término de “salario mínimo vital”. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este es el “el nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias, teniendo en cuenta las circunstancias del país y calculado como contraprestación por el trabajo efectuado durante las horas normales de trabajo”.
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El salario mínimo de cara al 2026
El ministro Sanguino señaló que el salario mínimo vital amplía los criterios para definir el ingreso mínimo y que no se limite a variables macroeconómicas. Además, según explicó, el gobierno usará variables como la inflación, la productividad, el crecimiento económico, la tasa de desempleo y el Producto Interno Bruto (PIB).
Mientras estaba la mesa entre el gobierno, empresarios y trabajadores, el presidente Gustavo Petro rechazó declaraciones del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, quien aseguró que si el salario mínimo “sube como ha sugerido el Gobierno reducir la inflación será “‘más difícil y costoso’”. Petro señaló que los trabajadores no pagarían el déficit fiscal del país y que la tasa de inflación se reduciría.
La emergencia económica decretada
El presidente Petro decretó la emergencia económica por el hueco fiscal de 16,3 billones del presupuesto para 2026. Esto, luego de que el Congreso hundiera la reforma tributaria que buscaba recaudar esos recursos para evitar que el presupuesto llegara desfinanciado. Eso es un estado de excepción que le permite al gobierno decretar varios aspectos que están regidos por la ley. Puede decretarla hasta por 30 días.
El presidente aseguró que hay ocho aspectos que agravan la economía del país. El primero es reconocer el alza en los gastos en salud; el segundo la necesidad de invertir más en seguridad y el tercero, se enmarca en la negativa del Congreso para aprobar sus últimas dos reformas tributarias. Otras causas son la “actual ola invernal”, las sentencias judiciales pendientes de pago y otras obligaciones pendientes que tiene el Estado.
Ese decreto debe ser revisado por la Corte Constitucional. Por eso, el pasado 23 de diciembre, los magistrados de ese tribunal se reunieron. Sin embargo, decidieron que el estudio se hará en enero, una vez terminen las vacaciones de fin de año. “El control judicial de constitucionalidad debe cumplirse teniendo en cuenta las reglas que definen la organización y el funcionamiento de los despachos judiciales en garantía de los derechos de audiencia, acceso a la administración de justicia y el debido proceso”, señaló.
Contexto: El pulso del salario mínimo 2026: entre el aumento y la estrategia histórica de la negociación salarial.
