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Condenado Salvatore Mancuso por 117 crímenes contra la comunidad Wayúu en La Guajira

Fue sentenciado a 40 años pero la pena podría reducirse a 8 años bajo la Ley de Justicia y Paz.

En una decisión histórica para la justicia transicional en Colombia, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por su responsabilidad en 117 hechos criminales perpetrados contra los pueblos indígenas Wayúu y otras comunidades de La Guajira. Los delitos, ocurridos entre 2002 y 2006, reflejan la política de expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el norte del país.

Mancuso, en su rol de máximo líder del Bloque Norte, fue hallado responsable de coordinar a través del Frente Contrainsurgencia Wayúu una serie de ataques sistemáticos que incluyeron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y casos de violencia de género.

El horror en las rancherías: Manaki y Kepischon

La sentencia detalla episodios de extrema sevicia contra la integridad física y cultural de la etnia Wayúu. Entre los hechos más cruentos se destacan:

  • Incursión en Manaki (2003): durante más de cuatro horas, paramilitares sometieron a maltratos y golpes a la comunidad de Uribia. Además del daño físico, los atacantes destruyeron y saquearon objetos de valor simbólico y económico como chinchorros, mochilas y mantas bordadas, esenciales para la identidad indígena.
  • Asesinatos en Kepischon (2002): el Tribunal documentó el asesinato de dos indígenas en esta ranchería, marcando el inicio de la consolidación del grupo armado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Según la Fiscalía, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue una estructura creada específicamente en marzo de 2002 con 150 hombres para someter los sectores de la media, alta y nororiental de La Guajira bajo el control paramilitar.

Pena y reparación colectiva

La condena impuesta es de 40 años de prisión, una multa de 30.000 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. Sin embargo, debido a que Mancuso es postulado a la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), la pena efectiva podría conmutarse por una sentencia alternativa de solo ocho años de cárcel, siempre que cumpla con los requisitos de verdad, justicia y reparación.

Más allá del tiempo de reclusión, el fallo ordena el reconocimiento como sujetos de reparación colectiva a las comunidades Wayúu de las regiones de:

  1. Carraipia, Majayura y Malaki (Uribia).
  2. Matitas (Riohacha).

Este fallo representa un paso crucial para el reconocimiento del daño cultural sufrido por la nación Wayúu y establece una hoja de ruta para que el Estado colombiano garantice la restitución de derechos en una región históricamente golpeada por el conflicto armado y el abandono estatal.

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