Los magistrados Carlos Camargo y Juan Carlos Cortés solicitaron a la Sala Plena de la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica firmado por el presidente Gustavo Petro. Esta petición busca frenar de inmediato los efectos de la declaratoria, especialmente por el impacto de los nuevos impuestos que empezaron a regir. El alto tribunal enfrenta ahora el reto de decidir si aplica esta medida cautelar por primera vez en su historia.
Carlos Camargo, quien tiene a su cargo la revisión principal, sostiene que mantener el decreto activo podría causar un daño irreparable. Según argumenta, las cargas tributarias impuestas por el Gobierno Nacional justifican una pausa mientras se define el fondo del asunto.
Por otro lado, el magistrado Juan Carlos Cortés enfocó su solicitud en los impuestos que surgen tras la emergencia. Su petición pide tumbar específicamente puntos como el IVA a las apuestas en línea y a las bebidas alcohólicas.
Ambos magistrados coinciden en que algunas disposiciones podrían estar excediendo los límites que permite la Constitución para estos casos excepcionales.
El impedimento del presidente de la Corte
En medio de este debate, el presidente de la corporación, Jorge Enrique Ibáñez, presentó un impedimento para apartarse de la votación. La decisión de Ibáñez ocurre justo después de que la Presidencia de la República lo recusara. El Gobierno argumentó que el magistrado ya habría opinado sobre la legalidad de la emergencia en varias entrevistas con medios de comunicación.
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Sin embargo, Ibáñez defendió su imparcialidad ante sus compañeros de sala. Aseguró que sus declaraciones fueron estrictamente académicas y que nunca adelantó un concepto sobre el fallo final. El magistrado pidió que su situación se resuelva pronto para no frenar los términos del proceso.
La Sala Plena deberá definir ahora si acepta que Ibáñez se retire, para posteriormente votar las solicitudes de Camargo y Cortés.
