El presidente Gustavo Petro solicitó formalmente a la Corte Constitucional levantar la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025. Esta petición busca activar medidas de emergencia económica y social para enfrentar los devastadores efectos de la ola invernal en el norte del país. Según el mandatario, la situación humanitaria se ha agravado aceleradamente desde que se adoptó la suspensión de dicho decreto.
La crisis actual es provocada por un fenómeno climático atípico: un frente frío de origen ártico que ha generado lluvias con una intensidad sin precedentes estadísticos en el Caribe colombiano. Petro enfatizó que la realidad ha superado cualquier modelo de predicción. Por ello, argumentó que el Estado requiere todas las herramientas constitucionales para responder a una “tragedia en curso” que pone en riesgo la vida y la dignidad de la población.
Cifras de la emergencia en el norte de Colombia
Los departamentos de Córdoba y Sucre son las zonas más golpeadas por las inundaciones y las lluvias torrenciales. El balance reportado por la Presidencia de la República evidencia la magnitud del desastre:
- Víctimas fatales: se registran al menos 14 personas fallecidas.
- Damnificados: cerca de 50.000 familias resultaron afectadas, lo que representa aproximadamente 300.000 personas.
- Infraestructura: más de 9.000 viviendas han sido destruidas por la fuerza de la naturaleza.
- Producción agrícola: más de 35.000 hectáreas productivas permanecen bajo el agua, comprometiendo la seguridad alimentaria de la región.
Un llamado por razones humanitarias
El mandatario aclaró que su solicitud no responde a un debate ideológico ni a un pulso político entre las ramas del poder público. Por el contrario, calificó el pedido como una “decisión humana” necesaria para evitar daños irreparables. Petro insistió en que el Gobierno tiene limitaciones reales para actuar mientras el decreto permanezca suspendido.
Finalmente, el documento enviado a la sala plena de la Corte resalta que cada día de inacción administrativa significa más sufrimiento para las comunidades golpeadas. El Ejecutivo espera que el alto tribunal permita el uso de mecanismos excepcionales para agilizar la entrega de ayudas y la reconstrucción de las zonas afectadas.
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