Las finanzas públicas del país marcaron un hito preocupante al inicio de este año. En efecto, el saldo de la deuda del Gobierno Nacional alcanzó los $1.205,7 billones en enero, según confirmó el último reporte del Ministerio de Hacienda. Por consiguiente, esta es la primera vez que la cifra supera los $1.200 billones desde que inició el registro oficial en el año 2001. Asimismo, estas obligaciones equivalen al 65 % del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para 2026, una participación que no se veía desde la crisis sanitaria de 2020.
Radiografía de un crecimiento acelerado
Por un lado, el aumento de los compromisos financieros ha sido constante en los últimos meses. De hecho, la deuda pública creció en $400,8 billones desde agosto de 2022, evidenciando una tendencia alcista que se agudizó a mediados de 2023. Además, solo en el último año, el incremento fue del 16,9 %. En este sentido, el reporte oficial destaca un dato relevante: las variaciones han sido de doble dígito cada mes desde julio de 2024. Esto refleja, en última instancia, una presión fiscal persistente sobre las cuentas del Estado colombiano.
Por otro lado, la mayor parte de esta deuda es interna y representa el 70 % del total. Este rubro se compone principalmente de títulos TES y otros bonos nacionales. Actualmente, la deuda interna cerró en un máximo histórico de $840,9 billones. En contraste, la deuda externa también registró un repunte y se ubicó en los $364 billones. Por lo tanto, dado que solo entre diciembre y enero el saldo subió un 1 %, es claro que el país inicia el año con un margen de maniobra muy limitado.
Los retos para la estabilidad económica
Debido a lo anterior, este panorama plantea un desafío mayor para la ejecución del presupuesto nacional. Fundamentalmente, el incremento de la deuda obliga a destinar más dinero al pago de intereses, lo cual reduce los recursos disponibles para la inversión social. En consecuencia, con este nivel de deuda, el Gobierno necesita enviar señales de austeridad a los mercados internacionales. El objetivo final es mantener la confianza de los inversionistas y, de igual manera, proteger la calificación crediticia del país a largo plazo.
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