La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó el hallazgo de evidencia crítica en los computadores de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’. El material fue incautado en 2024 y analizado durante meses por expertos técnicos. Los archivos contienen chats y correos que demuestran la infiltración de las disidencias en instituciones públicas y organismos de inteligencia.
Según la Fiscalía, los dispositivos comprometen a miembros de la Fuerza Pública y funcionarios con fuero. Las investigaciones sugieren que el grupo armado tenía acceso a información estratégica del Estado. Por esta razón, la Corte Suprema de Justicia podría intervenir en los procesos contra las personas implicadas.
Crímenes ordenados desde la mesa de negociación
Las pruebas técnicas vinculan directamente a ‘Calarcá’ con delitos cometidos mientras fungía como gestor de paz. Los chats revelan que el cabecilla ordenó el homicidio de un firmante de paz en enero de 2024. Además, los archivos documentan el reclutamiento forzado de una menor de 14 años en el departamento del Meta.
La fiscal Camargo calificó estos hechos como “muy graves”. Argumentó que estas conductas son incompatibles con un proceso de paz. Ante la solidez de las pruebas, el ente acusador ordenó la reapertura de investigaciones y la reactivación de órdenes de captura contra el líder disidente.
Reacciones del sector político
La revelación generó una fuerte ola de críticas desde diversos sectores de la oposición. El excandidato Juan Manuel Galán calificó la situación como una “vergüenza”. Afirmó que el Gobierno permitió el fortalecimiento criminal bajo el discurso de la “paz total”. Por su parte, la periodista Vicky Dávila señaló que el cabecilla utiliza el proceso para su beneficio personal.
Desde el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal denunció un alto nivel de corrupción. Advirtió sobre el peligro que corre la institucionalidad ante la “mirada pasiva” del Ejecutivo. El representante Daniel Briceño cuestionó las garantías para la oposición, ante la presunta infiltración en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Impacto en la “paz total”
Exfuncionarios, como José Manuel Restrepo, consideran estos hallazgos como una “radiografía del fracaso” de la política de paz actual. La permanencia de ‘Calarcá’ en los diálogos es hoy el punto de mayor controversia. La evidencia técnica sugiere que el cabecilla usó los beneficios jurídicos para coordinar actividades delictivas en varias regiones del país.
La Fiscalía continuará con el análisis de los equipos para determinar responsabilidades individuales. Se esperan nuevas imputaciones contra funcionarios que habrían colaborado con la estructura ilegal de las disidencias de las Farc.
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