Este jueves, un juez federal de Seattle bloqueó de manera temporal la orden ejecutiva firmada por Donald Trump que pretendía limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos. La medida, calificada como “flagrantemente inconstitucional” por el juez John Coughenour, fue impugnada por 22 estados, además de organizaciones proinmigrantes y activistas que argumentaron que la acción violaba la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.
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La orden de Trump buscaba restringir la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes no autorizados o aquellos nacidos de padres en el país con visas temporales. De acuerdo con el plan del presidente, estos niños ya no recibirían pasaportes ni certificados de nacimiento como ciudadanos estadounidenses, afectando a más de 1,2 millones de personas, según datos del Centro de Investigaciones Pew.
En su fallo, el juez Coughenour destacó la claridad de la cuestión legal, señalando que la enmienda protege explícitamente a toda persona nacida en suelo estadounidense. “Me cuesta entender cómo un abogado puede defender la constitucionalidad de esta orden”, expresó el magistrado. La decisión de bloquear temporalmente la medida tendrá efecto por al menos 14 días, mientras se evalúan los argumentos presentados.
Derecho al suelo fomenta la inmigración ilegal según Donald Trump
La Decimocuarta Enmienda, adoptada en 1868, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos son ciudadanos”, un principio ratificado por la Corte Suprema en 1898. Sin embargo, la administración Trump argumenta que el derecho al suelo fomenta la inmigración ilegal, un discurso alineado con su agenda antiinmigrante.
Este revés judicial es el primero para Trump tras su regreso a la Casa Blanca. El presidente reconoció que la orden ejecutiva enfrentaría desafíos legales y afirmó confiar en que el Tribunal Supremo podría respaldar su posición. No obstante, expertos legales señalan que cambiar esta protección constitucional requeriría una enmienda, un proceso que necesita el apoyo de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados.
Grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han señalado que esta medida inflige daño grave a las comunidades inmigrantes y sienta un precedente peligroso para los derechos civiles en el país. En tanto, la comunidad internacional observa con atención el desenlace de este caso, que podría redefinir los derechos fundamentales en Estados Unidos.
