La migración irregular por la selva del Darién ha dado un giro inesperado en 2025. Durante enero y febrero, solo 2.637 migrantes cruzaron esta frontera natural, una cifra que contrasta con los 72.294 que tomaron esta ruta en el mismo periodo del año pasado.
Las estrictas medidas impuestas por Estados Unidos y Panamá han sido determinantes en esta caída histórica. El decreto 194 de 2024 del gobierno panameño endureció los controles fronterizos, mientras que el acuerdo entre ambos países ha permitido la deportación inmediata de migrantes. Estas estrategias han reducido significativamente el tránsito por una de las rutas más peligrosas del continente.
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Afectaciones en las comunidades colombianas
Mientras la migración internacional ha disminuido, el desplazamiento interno sigue generando crisis humanitaria. La Defensoría del Pueblo registró 13 eventos de desplazamiento masivo entre enero y febrero de 2025, afectando a 1.205 familias, lo que equivale a 3.666 personas.
Además, se documentaron 16 eventos de confinamiento que impactaron a 2.551 familias en 64 comunidades del país. La región del Catatumbo fue una de las más afectadas, con 55.320 personas desplazadas y 23.860 confinadas debido a la violencia y la presencia de grupos armados.
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Movimientos migratorios
Migración Colombia informó que 30.738 migrantes irregulares transitaron por el país entre enero y febrero de 2025. La mayoría provienen de Venezuela, con 28.164 personas, seguidos por Ecuador (535), Bangladés (161), Perú (133), Angola (99), Haití (62) y China (37).
Las autoridades han intensificado el monitoreo en las fronteras para evitar que estos migrantes caigan en redes de tráfico de personas y otros delitos. Según la Defensoría del Pueblo, es fundamental que el Estado refuerce las medidas de protección, especialmente para niños, mujeres y personas en situación de discapacidad.
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Colombia repatria a los deportados
Durante enero y febrero, el gobierno colombiano recibió 943 connacionales deportados desde Estados Unidos. La Defensoría del Pueblo acompañó su llegada en el Aeropuerto El Dorado y brindó asistencia legal y psicológica para garantizar el respeto de sus derechos.
El gobierno evalúa estrategias para facilitar la reinserción de estos ciudadanos y evitar que vuelvan a intentar cruzar fronteras de manera irregular. Entre las medidas se contempla el fortalecimiento de programas de empleo y capacitación para los repatriados, con el fin de ofrecerles nuevas oportunidades en el país.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de un plan de acción coordinado entre el gobierno nacional y las autoridades locales. Las comunidades vulnerables requieren atención inmediata para reducir los riesgos de desplazamiento y confinamiento. Por su parte, el gobierno busca mantener el control sobre los flujos migratorios, asegurando que las medidas tomadas en la frontera sean efectivas y respeten los derechos humanos. Mientras la migración por el Darién disminuye, Colombia enfrenta el desafío de atender a quienes regresan y a quienes, dentro de su territorio, continúan buscando mejores condiciones de vida.
