Desde que Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador en 2019, la seguridad se ha convertido en la bandera de su gestión. Este fin de semana, el mandatario anunció un nuevo hito en su estrategia de combate a la violencia; el país alcanzó los 900 días sin homicidios, un logro impensable hace apenas una década, cuando El Salvador figuraba entre los países más violentos del planeta.
A través de su cuenta oficial en la red social X, Bukele destacó que este balance contrasta de forma radical con el pasado reciente del país. “Durante los gobiernos anteriores, no se logró ni un solo día sin asesinatos”, afirmó, al tiempo que subrayó que esta cifra representa un cambio estructural en la vida de los salvadoreños.
El contexto en que se produce este anuncio no es menor. A mediados de la década pasada, la tasa de homicidios en El Salvador superaba los 100 por cada 100.000 habitantes, impulsada por el control territorial de pandillas como la MS-13 y Barrio 18. Hoy, esa cifra ha caído a apenas 1,9 homicidios por cada 100.000, de acuerdo con datos oficiales avalados por Naciones Unidas.
Más de 85 mil personas detenidas en el mandato de Bukele
El gobierno atribuye gran parte de esta transformación al régimen de excepción decretado en marzo de 2022, una medida que ha dado carta blanca a las fuerzas de seguridad para actuar sin orden judicial. De los 900 días sin asesinatos, al menos 748 han transcurrido bajo esta política. Durante ese periodo, más de 85.000 personas han sido detenidas por presuntos vínculos con estructuras criminales, y se han realizado numerosas incautaciones de armas, drogas y dinero en efectivo.
Uno de los pilares visibles de esta estrategia es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una gigantesca prisión con capacidad para 40.000 internos, construida en Tecoluca. Este penal ha sido presentado por el gobierno como una solución definitiva para neutralizar a los cabecillas de las pandillas, aunque su operación ha generado controversia internacional por las condiciones de reclusión y las denuncias de abusos.
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Mientras sectores de la población celebran la recuperación de espacios públicos y la disminución de la violencia, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han elevado su voz de alerta. Denuncian que, en nombre de la seguridad, se han cometido violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.
No obstante, el modelo Bukele ha empezado a encontrar eco fuera de las fronteras salvadoreñas. Mandatarios y figuras políticas conservadoras de América Latina y Estados Unidos han elogiado su “mano dura”, considerándolo un ejemplo replicable en contextos similares. Incluso el expresidente Donald Trump ha expresado su respaldo público al gobernante centroamericano.
A pesar de las críticas, Bukele se mantiene firme en su narrativa: la seguridad primero. Y para millones de salvadoreños que vivieron años bajo el miedo y la violencia, esa promesa, al menos por ahora, parece estar cumpliéndose.
