El panorama judicial en América Latina presenta hoy dos realidades irreconciliables. Mientras El Salvador consolida un modelo de punitivismo radical con fines de control social, Colombia se mantiene en un garantismo que, asfixiado por la falta de recursos, proyecta una imagen de ineficiencia. Ambos sistemas, aunque opuestos, enfrentan críticas por su incapacidad para cumplir la promesa de resocialización.
Punitivismo mediático: El Salvador y las cifras del rigor
El modelo de Nayib Bukele utiliza la justicia como una herramienta de mensaje político contundente. El uso de condenas acumulativas busca la neutralización absoluta del delincuente.
- Condenas récord: se han registrado sentencias de hasta 1.310 años de prisión para líderes de pandillas, una cifra que, aunque físicamente imposible de cumplir, garantiza que el sujeto jamás recupere la libertad.
- Capacidad de encierro: el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) tiene capacidad para 40.000 internos, operando bajo un régimen donde el contacto exterior es nulo.
- Costo de la seguridad: El Salvador pasó de tener 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 a una tasa estimada menor a 2.5 en 2024, cifra que sustenta el respaldo popular al modelo a pesar de las denuncias por falta de un debido proceso.
Garantismo en crisis: Colombia y la “puerta giratoria”
Colombia representa el otro extremo, donde la ley prioriza la resocialización y los beneficios, pero la realidad institucional desborda la teoría.
- Hacinamiento crítico: según datos del INPEC, la sobrepoblación carcelaria en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) puede superar el 150% en ciudades principales, forzando libertades temporales para descongestionar el sistema.
- Reincidencia: cifras oficiales indican que cerca del 20% de las personas que recuperan la libertad vuelven a ingresar al sistema penitenciario en menos de dos años, lo que alimenta la percepción ciudadana de impunidad.
- Déficit judicial: con un promedio de solo 11 jueces por cada 100.000 habitantes (frente a los 65 recomendados por la OCDE), el sistema colombiano sufre de una parálisis que deriva en el vencimiento de términos, permitiendo que presuntos delincuentes queden libres antes de ser juzgados.
¿Resocialización o depósito humano?
El contraste es total: el modelo salvadoreño es un “depósito” que anula al individuo bajo una lógica de guerra, mientras que el colombiano es un “laberinto” de beneficios que, sin supervisión efectiva, facilita el retorno al crimen. En El Salvador, el 0% de los pandilleros en megacárceles tiene acceso a programas de estudio; en Colombia, aunque existen, la falta de presupuesto hace que solo lleguen a una fracción mínima de la población carcelaria.
Al final, la efectividad de Bukele se mide en la paz de las calles al costo de los derechos, mientras que la legalidad de Colombia se mide en la protección de derechos al costo de la seguridad ciudadana.
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