Una nueva oleada de desplazamiento forzado estaría en camino hacia Cali. Así lo advirtió el personero distrital, Gerardo Mendoza, quien instó a las autoridades locales y nacionales a tomar medidas anticipadas frente al posible aumento en la llegada de familias que huyen de la violencia en municipios del Valle y del Cauca.
Aunque la ciudad ha sido históricamente un punto de acogida para personas afectadas por el conflicto armado, la alerta actual se da por el recrudecimiento de las confrontaciones entre estructuras criminales, especialmente en Buenaventura, donde la disputa entre los grupos conocidos como los Shottas y los Espartanos ha generado un clima de miedo, amenazas y desplazamientos masivos.
De acuerdo con Mendoza, Cali debe estar preparada para responder a un eventual incremento en el número de personas que buscarán refugio en la capital del Valle del Cauca. “Hay señales claras de un nuevo éxodo, particularmente desde zonas del Pacífico. Si no actuamos con previsión, podríamos enfrentarnos a una crisis de tipo humanitario”, señaló.
Hasta el momento, ya se reportó la llegada de dieciocho familias conformadas por cuarenta personas provenientes del sector de Bazán de la Bocana, quienes fueron desplazadas por la presión armada en sus comunidades. La Personería activó el protocolo de atención y, con el apoyo del Centro Regional para las Víctimas, inició acompañamientos psicosociales y jurídicos, además de facilitar el acceso a servicios básicos.
Zonas en riesgo y falta de capacidad: el llamado urgente del Ministerio Público
La preocupación de Mendoza no solo está centrada en la asistencia inmediata a quienes llegan. También hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de Cali para asumir una migración interna que podría crecer de forma exponencial si el conflicto se intensifica. “Estamos hablando de familias que llegan con lo puesto, que huyen de un ambiente donde vivir con miedo se ha vuelto rutina. Necesitamos recursos, rutas claras y respaldo nacional para evitar que esta situación desborde lo que puede ofrecer la ciudad”, advirtió.
La violencia en Buenaventura no es un hecho aislado. La Defensoría del Pueblo ya ha alertado en varias ocasiones sobre la compleja situación humanitaria que se vive en la región Pacífica. Departamentos como Nariño, Chocó, Cauca y el mismo Valle están siendo afectados por disputas entre grupos ilegales que buscan controlar corredores estratégicos, dejando a las comunidades civiles atrapadas entre el fuego cruzado.
Cali se convierte entonces en un destino no por elección, sino por necesidad. Según la Personería, muchas familias ven en la ciudad una oportunidad de recomenzar, acceder a servicios de salud, inscribir a sus hijos en instituciones educativas o encontrar un empleo informal que les permita sobrevivir. Pero el aumento constante en esta población requiere, además de voluntad institucional, una estrategia sólida de acompañamiento.
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“Si bien Cali es una ciudad solidaria, esto no puede convertirse en un asunto exclusivo de las autoridades locales. Aquí hay responsabilidades compartidas que deben asumirse con urgencia”, concluyó Mendoza, al insistir en la importancia de que el Gobierno Nacional no solo refuerce el apoyo humanitario, sino que también actúe en los territorios de origen, donde la violencia sigue siendo una amenaza permanente.
