Un operativo liderado por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con agentes de la Dijín, permitió ubicar una serie de propiedades ligadas a una red de corrupción que operó en Buenaventura durante varios años. Las acciones judiciales se enfocaron en bienes asociados al exalcalde Eliécer Arboleda Torres y a exfuncionarios de su administración, quienes habrían adquirido lujosos activos con recursos públicos.
La diligencia tuvo lugar el pasado 13 de junio y fue el resultado de una investigación que reveló posibles manejos irregulares de dineros que debían ser destinados al fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esa ciudad. La operación, bautizada como ‘Bomberman’, derivó en la imposición de medidas cautelares sobre 18 bienes, entre ellos apartamentos de alto valor, vehículos de gama alta y otras propiedades ubicadas en el Valle del Cauca y Armenia (Quindío).
Entre los bienes incautados figuran dos apartamentos de lujo en el edificio Pacific Trade Center, el más alto de Buenaventura, adquiridos por Arboleda el 29 de noviembre de 2017, cuando aún ejercía como alcalde. También se afectó una casa de cuatro pisos ubicada en el barrio La Playita y una camioneta Toyota Prado registrada a nombre de su esposa, Hilda Nery Riascos. Según la Fiscalía, estos activos no tienen un soporte de origen lícito y habrían sido comprados con dineros públicos.
Recursos para bomberos habrían financiado lujos personales
La investigación apunta a que Arboleda aprobó millonarias transferencias hacia el cuerpo de bomberos, eludiendo los requisitos legales de contratación. Una de las órdenes de pago, emitida en febrero de 2016, ascendió a $112 millones, mientras que otra transferencia superó los $2.760 millones. Estos recursos, según el expediente, se desviaron hacia fines completamente ajenos al servicio de emergencia.
La Contraloría detectó al menos 38 irregularidades en el manejo de esos fondos. El informe revela que parte del dinero se habría usado para compras personales, adquisición de licor, financiación de reuniones sociales, préstamos informales y hasta para la compra de materiales de construcción con fines privados. Además, los desembolsos no se soportaban con contratos formales, sino con facturas sueltas o cuentas de cobro.
Estas anomalías encendieron las alarmas de las autoridades, que consideran que detrás de estas operaciones se consolidó una red de corrupción que aprovechó la estructura institucional para el enriquecimiento personal de los implicados. La Fiscalía avanza en consolidar pruebas que permitan judicializar por completo a todos los involucrados.
Más implicados y más propiedades bajo control del Estado
La lupa también se extendió sobre Hernán Hinestroza Asprilla, excontador de la alcaldía, y José Edilberto Betancourt, quien fue jefe de presupuesto. Ambos habrían sido piezas clave dentro del esquema y también enfrentan medidas de extinción de dominio. A ellos les fueron incautados tres apartamentos en Cali, Buenaventura y Armenia, una casa en Buga, un lote en Cali, así como vehículos y motocicletas.
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Dentro del listado de bienes afectados también aparecen una motocicleta Yamaha, un camión de carga, un automóvil Nissan y una camioneta Chevrolet, todos vinculados a personas del círculo cercano del exmandatario. La Fiscalía sostiene que estos activos fueron obtenidos gracias al desvío de fondos públicos y que formaban parte del patrimonio ilegal acumulado durante la administración.
