Con el objetivo de impulsar la movilidad sostenible, el Gobierno Nacional dio luz verde a una polémica norma: la Ley 2486 de 2025. Esta nueva legislación autoriza a vehículos eléctricos livianos como scooters, mopeds y patinetas eléctricas a circular por las ciclorrutas en todo el territorio nacional. Sin embargo, lo que para algunos representa un avance ecológico, para otros es un riesgo en potencia.
La ley establece que estos vehículos podrán alcanzar hasta 25 km/h en ciclorrutas y hasta 40 km/h en otras zonas urbanas. No obstante, el Ministerio de Transporte advirtió que esta disposición contradice las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere no superar los 30 km/h en vías compartidas para proteger a peatones y ciclistas.
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Además, uno de los puntos más cuestionados ha sido la omisión de requisitos como matrícula, licencia de conducción y SOAT. Según expertos, esto podría dificultar el control y la trazabilidad de estos vehículos, que en algunos casos alcanzan velocidades similares a las de motocicletas. También se señala que definir estos medios únicamente por su potencia (hasta 1.000 W) sin tener en cuenta su velocidad máxima o capacidad de frenado es una omisión técnica grave.
Ministerio de Transporte solicitó objeciones
El Ministerio de Transporte solicitó objeciones a los artículos 2, 3 y 15 de la ley, argumentando vacíos jurídicos y riesgos para la seguridad vial. Sin embargo, dichas objeciones no fueron acogidas, y la ley fue firmada por el presidente Petro.
Frente a este escenario, el vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, propuso una reglamentación local que prohíba la circulación de motos eléctricas en ciclorrutas para salvaguardar la vida de los actores viales más vulnerables.
Desde el Gobierno, se ha insistido en que la norma facilita el acceso a tecnologías limpias y reduce la dependencia de combustibles fósiles. No obstante, para varios sectores, la falta de jerarquización entre peatones, ciclistas y vehículos motorizados en estas vías podría traducirse en un aumento de los siniestros viales.
La discusión ahora se centra en la implementación efectiva de medidas complementarias que garanticen una convivencia segura en las ciclorrutas, sin desconocer el derecho a una movilidad sostenible.
