El gobierno del presidente Gustavo Petro ha decidido jugar una de sus cartas más arriesgadas de cara a las elecciones de 2026. A través de una consulta popular, el mandatario busca respaldo ciudadano para impulsar sus reformas clave, al tiempo que intenta fortalecer su base política con miras a consolidar una mayoría en el Congreso y asegurar la continuidad de su proyecto de gobierno. Sin embargo, la apuesta es de alto riesgo: para que la consulta tenga validez, se requieren al menos 13,6 millones de votos afirmativos, una cifra que plantea grandes desafíos.
La consulta, según fuentes del Ejecutivo, será una de las principales banderas del petrismo en los próximos comicios. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha señalado que la iniciativa no solo busca legitimar las reformas sociales que han encontrado resistencia en el Congreso, sino que también servirá para movilizar a las bases del oficialismo. “Las tareas están claras: ganar la consulta y asegurar mayorías en el próximo Congreso”, afirmó Andrés Camacho, exministro de Minas y una de las figuras clave del gobierno en esta estrategia.
No obstante, el camino no parece sencillo. La consulta enfrenta obstáculos legislativos y políticos. El Congreso, donde el oficialismo ha tenido dificultades para consolidar apoyo, deberá aprobar la realización de la votación. De obtener luz verde, el país sería convocado a las urnas en un plazo de cuatro meses, un escenario que plantea interrogantes sobre los costos y la viabilidad del proceso.
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Un desafío logístico y financiero
Uno de los principales puntos de discusión es el elevado costo que podría tener la consulta. Según estimaciones iniciales, el proceso requeriría recursos similares a los de una elección nacional, con cifras que podrían superar los 700.000 millones de pesos. La Registraduría Nacional ha manifestado que aún no hay una cifra definitiva, pero que el presupuesto dependerá del número de preguntas y la logística necesaria para su implementación.
Además, el gobierno deberá definir con claridad el contenido de la consulta. Se espera que las preguntas aborden aspectos de la reforma laboral y del sistema de salud. Algunas propuestas que han circulado incluyen la reducción del horario para el pago de recargo nocturno y la remuneración completa para los contratos de aprendizaje. La clave estará en formular preguntas que puedan captar la atención del electorado y evitar tecnicismos que compliquen su comprensión.
Sin embargo, el presidente Petro ha dejado claro que está dispuesto a asumir las consecuencias de la consulta, incluso si el resultado no le favorece. “Me arriesgo, pongo el gobierno en manos del pueblo”, aseguró en respuesta a las críticas.
Los antecedentes no son alentadores. En 2018, la consulta anticorrupción promovida por Claudia López y Angélica Lozano, aunque obtuvo 11,6 millones de votos, no alcanzó el umbral necesario para ser vinculante. Petro, en la segunda vuelta presidencial de 2022, obtuvo 11,2 millones de votos, por lo que llegar a los 13,6 millones requeridos representa un reto significativo.
A pesar de los riesgos, el gobierno sigue adelante con su estrategia. Mientras se avanza en el proceso para la consulta, el Ejecutivo continúa negociando con sectores políticos afines e implementando algunos puntos de sus reformas por medio de decretos. Además, Petro ha convocado a lo que ha denominado “la mayor movilización popular en la historia de Colombia” para respaldar su agenda.
