La Corte Suprema de Justicia abrirá juicio formal en contra de los ministros del Interior y del Trabajo, Armando Benedetti y Antonio Sanguino —respectivamente—. Lo hará por distintos casos de corrupción que vinculan a los dos altos funcionarios. Benedetti debe responder por el entramado de la contratación en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Y Sanguino por “carrusel de contratación” en Bogotá.
El caso de Benedetti está en el despacho del magistrado Ariel Augusto Torres y el de Sanguino en el del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera. Los dos ministros ahora son los más visibles del gobierno de Gustavo Petro, pues son los encargados de coordinar la consulta popular por la reforma laboral, la cual será radicada en el Senado el próximo 1 de mayo.
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Por su parte, Benedetti es quien más líos jurídicos tiene. Cuenta con siete procesos abiertos y ya fue acusado formalmente por el caso de Fonade, en el que también están vinculados los exsenadores Musa Besaile y el “Ñoño” Elías. Entre los procesos en su contra, hay uno por presunta violencia política y de género en contra de la canciller Laura Sarabia.
El caso de Benedetti
El ministro Benedetti está acusado por presunto tráfico de influencias en el Fonade. Los hechos se remontan a su época como senador y es señalado de presuntamente usar su influencia para direccionar millonarios contratos de Fonade a favor de la empresa Certicámara S.A. Esa red de corrupción fue delatada por los exsenadores Musa Besaile y Bernardo “El Ñoño” Elías, ambos condenados.
Benedetti ha defendido su inocencia. En febrero, interpuso un recurso con el que busca tumbar la acusación de la Corte por tráfico de influencias. El ministro asegura que la Corte no presentó las pruebas suficientes para demostrar que Benedetti sí participó del entramado de corrupción. Además, señaló de “persecución” a la magistrada Cristina Lombana, quien era ponente de su caso.
Además de este caso, Benedetti es señalado de presunta corrupción en Electricaribe y la Electrificadora del Meta (Emsa). También es investigado por supuesto favorecimiento a la empresa Simetric S.A., de Euclides Torres, megacontratista y líder del Clan Torres del Caribe. Euclides Torres financió la campaña de Gustavo Petro y aterrizó ahí de la mano de Benedetti. Y su esposa, Adelina Guerrero, lo denunció por violencia de género. Pero ella luego lo negó.
También está en la lupa por presunta compra de votos en La Guajira y supuesta corrupción en la Fiduprevisora, entidad que administra las prestaciones sociales del Magisterio. Benedetti, además, rinde como testigo en la investigación a la campaña Petro por presunta financiación irregular y violación de topes.
El “carrusel de contratación” que salpica a Sanguino
La Corte investiga a Sanguino por presuntamente interceder, cuando fue concejal de Bogotá en 2008, para que nombraran a una persona de su círculo como gerente del Hospital de Usme. Según el tribunal, Sanguino se encontró con un contratista de la época para adjudicar un millonario proyecto. Se enmarca en el polémico “carrusel de contratación” que salpicó a la Alcaldía de Samuel Moreno.
Este carrusel de contratación involucró directamente al exalcalde Moreno, a la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), funcionarios y otros políticos. Y consistió en direccionar y favorecer a empresas con contratos inflados, a cambio de financiar campañas políticos y pagar sobornos.
Por su parte, Sanguino también se defiende. Aseguró que ese proceso data de hace muchos años y que ni la Corte, ni la Fiscalía determinaron alguna responsabilidad. “16 años después, cuando además los hechos han prescrito legalmente, mediante maniobras jurídicas evidentemente equivocadas, se pretende forzar una acusación desconociendo principios fundamentales como el debido proceso”, señaló. Mientras tanto, Sanguino y Benedetti se siguen perfilando como los ministros estrella de Petro, encargados de oxigenar su hundida reforma laboral.
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