El candidato presidencial Abelardo De La Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, denunció e una presunta campaña de persecución sistemática por parte del Ejecutivo. Según el abogado, el presidente Gustavo Petro habría reconocido la existencia de informes de inteligencia que detallan conversaciones privadas donde se le menciona. Para De la Espriella, esto constituye una “confesión” de interceptaciones ilegales, conocidas en el país como “chuzadas”.
El aspirante señaló que estos hechos vulneran sus derechos fundamentales y forman parte de un patrón de hostigamiento contra las figuras de oposición en Colombia. Durante su pronunciamiento, el candidato vinculó este escenario con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, enmarcando la situación en un contexto de creciente violencia política y polarización en el país.
Rechazo a vínculos con contratistas y retos al Ejecutivo
De La Espriella negó de forma tajante cualquier relación con los directivos o contratistas de la firma Thomas Gregg & Sons. Esta mención surge tras recientes declaraciones del presidente Petro que sugerían nexos entre el candidato y la compañía. Ante esto, el líder de oposición retó al mandatario a presentar pruebas concretas que respalden tales afirmaciones, calificando los señalamientos como “insinuaciones y montajes” que buscan desprestigiar su campaña.
La denuncia también incluye la existencia de una presunta estructura digital organizada. Según el candidato, el Gobierno utiliza influenciadores y medios afines para difundir ataques sistemáticos en su contra. De la Espriella afirmó que estos movimientos ya están documentados y serán presentados como prueba de una estrategia de desprestigio en distintos escenarios judiciales nacionales e internacionales.
Acciones ante la comunidad internacional
Debido a lo que considera una falta de garantías para el ejercicio de la oposición en el actual contexto electoral, el candidato confirmó que elevará sus quejas ante organismos de derechos humanos en el exterior. Las denuncias se radicarán formalmente ante autoridades de Estados Unidos y el Parlamento Europeo. El objetivo de estas acciones es buscar un pronunciamiento sobre la seguridad y libertad de los sectores críticos al gobierno de turno.
Con este anuncio, la tensión entre la Casa de Nariño y los sectores de derecha se agudiza en plena carrera por la presidencia. Mientras el Gobierno mantiene su postura sobre la legalidad de los informes de inteligencia, la oposición insiste en que se están utilizando recursos del Estado para perfilar a los contradictores políticos. Se espera que en los próximos días se conozcan las primeras respuestas de las instancias internacionales ante este requerimiento.
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