La senadora y aspirante a la presidencia, Paloma Valencia, radicó una demanda ante el Consejo de Estado para anular el Decreto 0415 de 2026. Esta normativa, expedida recientemente por el Gobierno Nacional, ordena el traslado de aproximadamente $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones. Según la legisladora, la medida es ilegal y pone en riesgo los ahorros de los colombianos que decidieron cambiar de régimen.
Valencia argumenta que la reforma pensional aprobada por el Congreso establece que los fondos privados deben administrar estos recursos hasta que el afiliado cumpla los requisitos de jubilación. En su opinión, el Gobierno pretende realizar un traslado automático que no fue contemplado en la ley. “Quieren tomar 25 billones de pesos en plenas elecciones”, afirmó la senadora, calificando la decisión como un golpe a la confianza de los ahorradores.
Solicitud de medida cautelar urgente
Dentro de la acción judicial, la candidata solicitó una medida cautelar para suspender de inmediato los efectos del decreto. Valencia sostiene que, si el dinero se traslada antes de un fallo definitivo, se podría causar un perjuicio irreversible a millones de ciudadanos. La demanda subraya que el Congreso nunca autorizó al Ejecutivo para disponer de esos dineros de manera anticipada.
La dirigente política también alertó sobre las implicaciones económicas de este movimiento de capital. Según su postura, modificar las reglas de juego en medio de un proceso electoral afecta la estabilidad del modelo pensional y la seguridad jurídica del país. La demanda llega en un momento de alta tensión política, mientras otros sectores también cuestionan la implementación de la reforma.
Contexto legal y próximos pasos
El Consejo de Estado deberá decidir en los próximos días si admite la demanda y si accede a la suspensión provisional del decreto. Mientras tanto, el Gobierno defiende la legalidad de la norma, asegurando que busca corregir el desequilibrio financiero del sistema. Por su parte, la Corte Constitucional sigue estudiando otras demandas generales contra la reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro.
Este nuevo frente judicial suma incertidumbre al cronograma de traslados de recursos que las AFP debían iniciar este mes. Si el tribunal concede la medida cautelar, el flujo de los $25 billones hacia Colpensiones quedaría congelado hasta que se resuelva el fondo del asunto.
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