El 2025 inició con una escala de violencia en el Catatumbo que ha cambiado las reglas del juego para el gobierno nacional al momento de enfrentar el conflicto armado. 80 muertos y 60 mil desplazados, un Estado de Conmoción Interior y la suspensión de las mesas de negociación con el ELN, son algunas de las consecuencias de este rastro de violencia de los primeros días de enero.
Antes de que sucedieran estos hechos, varios indicadores de seguridad mostraban un incremento en delitos en varias regiones rurales del país durante el año pasado. Mientras que en las ciudades, los nuevos alcaldes traían una reducción en las cifras de criminalidad, con desafíos para mantener esas cifras durante cuatro años.
A partir del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, Siedo, CW+ comparó con apoyo de la Inteligencia Artificial una serie de datos sobre hechos criminales que ocurrieron entre 2023 y 2024, para así entender los cambios en la criminalidad durante el último año. Con aportes del informe de Indepaz sobre la situación de vulnerabilidad de líderes sociales en el país.
1. Los homicidios mantienen la misma cifra de hace cuatro años
El año pasado se presentaron 13.368 casos de homicidios en el país. Con un registro de 187 vidas menos, el delito disminuyó un 1% frente al año anterior. Un cambio insignificante que mantiene la tendencia de 13 mil muertos por año que inició en la pandemia, cuando dio un salto de 12.000 en 2020 a 13.658 en 2021.
El 25% de estos crímenes sucedieron en cinco de las principales ciudades del país. Mientras en Cali y Medellín esta cifra disminuyó un 6% y 17%, respectivamente. En ciudades como Bogotá (+11%), Barranquilla (+30%) o Cartagena (+3%), incrementan en algunos casos de forma histórica.
En ‘La Aresona’ hace más de 20 años que no se tenía una cifra de homicidios cercana a los 500 reportes. Desde 2003, cuando se registraron 481 decesos ese año. Una cifra que fue superada en 2024 con 490 casos en la capital del atlántico.
Después de las principales capitales del país. El séptimo municipio con más homicidios es Soledad, parte del área metropolitana de Barranquilla. En esta localidad se registraron 248 muertes, un 20% más que en 2023, cuando se reportaron 208 casos. Según la fundación Pares, el responsable de este fenómeno en ambos territorios podría deberse al conflicto de varios años entre ‘Los Costeños’ y Los Pepes, en el que se ha involucrado el Clan del Golfo.
En el caso de Bogotá, el incremento podría estar relacionado con los casos de sicariato cometidos por la delincuencia organizada como el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, que han crecido en el último año en la capital.
Si lo trasladamos a nivel departamental, los cinco departamentos donde más ocurrieron estos hechos fueron Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Cauca y Atlántico y Cauca. Este último tuvo el mayor aumento en homicidios del país con 27% más casos registrados en el departamento costero.
2. Los hurtos caen en las grandes ciudades con la llegada de nuevos alcaldes
El delito con más reportes en el país, el hurto a personas, tuvo una reducción del 20% en el último año. Pasó de reportar 391.010 casos a 310.323 en 2024, alrededor de 80.000 casos menos.
El 60% de estos delitos ocurrieron en las cinco principales ciudades del país. Aún con una disminución del 18% frente al año anterior, Bogotá encabeza la lista como la ciudad con el mayor número de hurtos en 2024.
Cali tuvo la reducción más baja dentro de las capitales. Con nueve puntos porcentajes menos, la ‘Sucursal del Cielo’ solo tuvo 2 mil casos menos en 2024. En contraste, Barranquilla se ubica como la capital con mayor reducción porcentual, con 47% menos hurtos a personas durante el año pasado. Al pasar de 13.470 hurtos en 2023 a 7.158 en 2024.
La Decana de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Olga Lucía Illera, experta en temas de seguridad y defensa, le explicó a CW+ la importancia del subregistro al momento de medir este delito.
“Colombia es un país en donde existe un desestimulo a la denuncia, por lo que la reducción puede estar relacionada con la falta de recolección de datos o subregistro. En ocasiones bajan las estadísticas, pero aumenta la percepción de seguridad”.
Además del subregistro a este cambio en la tendencia se le suma la llegada de nuevos alcaldes al poder y la inclusión de nuevas tecnologías en las unidades policiales.
“Hay una inversión para mejorar la capacitación de la fuerza policial, han desarrollado nuevas formas de proximidad, mejoras en el sistema de comunicaciones y vigilancia. Ahora hay tecnología de predictibilidad del crimen en zonas utilizando IA. También tenemos alcaldes que superaron su curva de aprendizaje, que conocen el día a día de la ciudad, se relacionaron con la fuerza pública. Por lo que empiezan a afinar las estrategias de seguridad”, añadió Illera.
3. La extorsión tiene la cifra más alta en su historia
“El indicador de extorsión es el que más nos debería alertar, porque hay un caldo de cultivo en el país para nuevos conflictos”, advirtió la profesora Illera.
La extorsión se convirtió en uno de los delitos que más crece en el país, con un aumento del 16% de casos frente al año anterior. El 2024 fue el año con más extorsiones en la historia, 12.827 reportes fueron realizados en el territorio nacional.
Las ciudades donde más creció este delito fueron Villavicencio y Bogotá, con un aumento del 65% y 63% en casos reportados, respectivamente. La capital del país fue el territorio con mayor número de casos reportados. En un momento donde organizaciones criminales como el Tren de Aragua, Satanás y Los Camilos se han convertido en los principales actores que cometen este delito.
“Al ser un delito con un alto subregistro, donde la gente no denuncia por miedo a represalias, se crea una ‘protección de anonimato del actor criminal’, porque puede tratarse de las disidencias, bandas de crimen organizado, delincuencia común, e incluso de reos en las cárceles. Y si las denuncias han aumentado, el subregistro también”, confesó la decana.
La forma de extorsionar también ha cambiado. Ya no solo extorsionan al gran comerciante, también lo hacen con el tendero de barrio, según Illea este fenómeno se da debido a que “en los últimos años, bandas criminales y actores armados como el ELN o las disidencias retomaron un esquema de presión para conseguir recursos y fortalecerse. También lo hacen para infundir miedo, presionar un escenario de diálogo con otros actores o para competir por territorios de la ciudad”.
4. Los secuestros bajan en las ciudades capitales
En el último año, el país tuvo una disminución del 17% en secuestros simples y extorsivos. Pasaron de reportar 338 casos en 2023 a 279 a finales de 2024. La reducción se da especialmente en los grandes cascos urbanos como Bogotá, Cali, Medellín y Cúcuta. Aunque hay algunos casos en zonas rurales que también decrecen como Tibú u Ocaña, donde pasaron de 9 a 6 o 4 casos, respectivamente.
La reducción en los secuestros se relaciona con el inicio de las mesas de diálogo con grupos armados como el ELN o el EMC, incluso con bandas criminales en regiones como Buenaventura. Un dato clave después de que 2023 se presentara como el año con mayor cantidad de secuestros de la última década, pues superó en un 63% la cifra del 2022.
Comparte el patrón de subregistro que tiene la extorsión, pues no todos los casos son reportados por seguridad de las personas cautivas o miedo de sus familiares, especialmente en zonas rurales. Aun así, dentro de la información suministrada por el Siedco se observa un desplazamiento en las cifras.
En el Valle del Cauca, el conflicto se trasladó al sur del departamento. Buenaventura es un claro ejemplo de este fenómeno. En 2023 se reportaron siete casos de secuestro, una cifra que desapareció el año anterior. La situación es diferente en el área metropolitana de Cali, específicamente en Jamundí, que pasó de cero casos a cinco en el último año.
En departamentos que han vivido el recrudecimiento del conflicto armado como Arauca, también se contempla este cambio. Durante 2023 el reporte fue de nueve secuestros en Saravena, el año pasado llegó solo a tres. Sin embargo, en Tame pasó de no reportar ningún secuestro a seis. Así como a ocupar el sexto lugar como el municipio con más secuestros del país.
Norte de Santander —específicamente la región del Catatumbo— encabeza la lista como el territorio con más secuestro durante 2024. Pese a la disminución de reportes, hay un aumento en la cobertura del delito. En 2023 fueron 11 municipios de los 40 que tiene el departamento donde se reportaron retenciones, un número que creció a 13 el año pasado.
5. El terrorismo se desplaza por todo el país pese a una leve reducción
Cambios en la intensidad de los actos terroristas demuestran también un desplazamiento del conflicto a diferentes territorios. Pese a la mínima disminución del 3% que tuvo el año pasado, con 182 casos frente a los 191 registrados en 2023.
Como afirmó la profesora Illera, “la paz total ha enfrentado dificultades para implementarse, y los grupos armados están desbordados, lo que genera un deterioro de las condiciones. Hay una reactivación de actores que estaban callados mientras se negociaba, cuando se quedaron sin aire en estas negociaciones retornaron a las prácticas tradicionales”.
El terrorismo se redujo en ciudades como Cali o Cúcuta, que tienen 50% menos reportes de este delito, pero existe un cambio en el lugar donde suceden los acontecimientos y se evidencia en el ranking de los cinco municipios con más actos de terrorismo en el país.
En el 2023 estos fueron mayoritariamente rurales, encabezados por Anorí (16 casos), Tarazá (9), Tibú (8), Yarumal (7), Segovia (6). El año pasado solo uno se repitió en el conteo.
El nuevo ranking es liderado por una ciudad capital como Neiva, que aumentó en un 600% los casos de terrorismo reportados, al pasar de 2 a 16 en tan solo un año. Los demás territorios son Jamundí (12), Segovia (12), Valdivia (9), Granada (8), donde se ha recrudecido la guerra en el último año.
La expansión se denota en mayor presencia de actores armados en nuevos departamentos. En 2023 hubo actos terroristas en 13 de los 32 departamentos que tiene el país. Esta cifra ascendió a 17 en 2024, cuando se sumaron a la lista Guainía, Guaviare, Caquetá en la región amazonía y el Atlántico en el caribe.
“Disminuyen delitos hacia Cali, pero se explaya hacia otros municipios como Jamundí. Para evitar eso los alcaldes deben trabajar de forma cooperativa, porque sino el problema se va a desplazar de un sitio al otro. Y una de las razones de este desplazamiento son intereses como las economías ilegales”, mencionó la profesora Illera.
6. La ‘esperanza’ en la reducción de asesinato a firmantes de paz y líderes sociales
En octubre de 2024, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, afirmó que “la compleja situación de seguridad en varias regiones del país sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la construcción de la paz”.
Por esto, la baja del 8% en los asesinatos a líderes sociales y firmantes durante 2024 es una de las esperanzas de la política de seguridad de la paz total del gobierno Petro. El patrón se repite con los firmantes de paz, 13 homicidios menos se reportaron en el último año, lo que representa una reducción del 30%. Esta cifra sigue poniendo a Colombia como uno de los países más letales del mundo para los liderazgos sociales.
Según el registro que hace Indepaz, 15 líderes menos murieron el año pasado frente a los casos de 2023. A pesar de esto, los defensores más afectados son los que desarrollan labores de protección en el sector comunal, indígena, político y campesino.
El cambio en los patrones de asesinatos a líderes por departamentos es disparejo. Mientras en Cauca, Nariño y Córdoba hay reducciones notables del 23 al 82%, en otros territorios crece de forma desmedida como en Antioquia, Chocó y Arauca, este último llega incluso a aumentar un 125%.
Frente a la razón de estas perpetraciones, según la profesora Illea “es difícil establecer la razón del delito. Para protegerlos hay que garantizar la participación política de los firmantes y líderes sociales, así como su vida”.
En casos como el Cauca o Nariño, donde se reducen los casos. “La mayor presencia del Estado, la visibilidad y articulación con las comunidades ayudan a disuadir estos actos de violencia. Porque los problemas se deben resolver de forma integral, combinar estrategias militares y sociales”, asegura.
7. Los desplazamientos disminuyen, pero los riesgos vaticinan incremento en 2025
De acuerdo al boletín de la Defensoría del Pueblo sobre las dinámicas de movilidad humana formada en Colombia, en 2024 se registraron 105 eventos de desplazamiento forzado masivo, lo que afectó a 25.611 personas. La región Pacífica fue la más afectada, con 41 eventos en el Departamento de Nariño y 16 en Cauca, lo que representa el 54% de los casos de ese año.
Los eventos de confinamiento registrados por la Defensoría fueron 75, estos limitaron la movilidad de 107.931 personas, pertenecientes a 343 comunidades. El departamento de Chocó fue el más afectado por este fenómeno, con 23 eventos, seguido por Arauca con 8.
Aun con estas cifras, la disminución en estos fenómenos frente al 2023 es notable, especialmente en los meses de junio, junio y agosto. El año pasado hubo 31% menos casos de desplazamiento forzado, en confinamientos la disminución fue del 65%.
El único dato que se duplicó, con un 68% más de eventos, fue el riesgo de desplazamiento o confinamiento. La Defensoría lo define como la probabilidad objetiva de que un peligro contra un individuo o un grupo de individuos se materialice en daño o agresión.
Esto pudo vaticinar el conflicto en Catatumbo de 2025, donde en varias zonas de este territorio hubo más de 10 eventos de riesgo por municipio.
8. Las masacres a la baja, rompen patrón de la pandemia
El observatorio de DD. HH. y conflictividades de Indepaz genera el reporte de masacres en el país durante lo últimos años. El término es entendido como el homicidio intencional y simultáneo de varias personas (3 o más personas) en estado de indefensión, por un mismo autor, y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Los también llamados homicidios colectivos han tenido una disminución significativa del 20% en la era Petro. Durante 2023 y 2024, se registraron 93 masacres y 76, respectivamente.
267 personas fueron víctimas de este fenómeno en 2024, 33 menos personas que en 2023, cuando la cifra fue de 300. Esta también es la cifra más baja desde la pandemia, cuando pasaron de 51 masacres en 2019 a 91 en 2020.
Pese a la disminución, el Valle del Cauca se posicionó como el segundo departamento con más casos de masacres junto a Antioquia y por debajo del Cauca. Un suceso que rompe el patrón que había liderado en los últimos años, como el departamento con mayores masacres en el país.
El 2024 fue un año de cambios en las cifras de seguridad del país. Desde un incremento histórico de la extorsión, especialmente en las ciudades; hasta un desplazamiento del conflicto armado por nuevas rentas ilegales; grupos armados desbordados y una ruralidad que enfrenta fantasmas del pasado como el secuestro.
Pero también rompe patrones en hurtos a personas, en casos como el de Barranquilla que redujo en un 50% sus casos; la presencia del Estado en zonas como el Cauca ha planteado un país más seguro para los líderes sociales y la reducción de masacres también muestran un cambio en las dinámicas del conflicto, que tras pasar por varias mesas de negociación sin llegar a un acuerdo, presentaron algunos resultados en el camino.
El 2025 será el último año del presidente Petro, y aunque inició con el pie izquierdo con una guerra en el Catatumbo que desborda las cifras que planteaba en 2024.
Es el año donde puede cambiar de estrategias para cercar los grupos armados y replantearse la forma de enfrentarlos, así como coordinarse con los nuevos alcaldes locales en materia de seguridad ciudadana. O el año en que puede dejar que el país sucumba ante la incertidumbre y que el próximo presidente o presidenta, enfrente una crisis de seguridad nunca antes vista.
Si quiere conocer el balance en el Valle del Cauca, puede leer: Gobernación de Dilian en cifras: Así fue el primer año del segundo mandato.
