Este reportaje se realizó con apoyo de la Fundación Thomson Reuters, como parte del programa de mentoría “Periodismo sobre ética de la IA, datos y derechos digitales”.
El pasado 27 de marzo, la canciller Laura Sarabia, y la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, firmaron un acuerdo biométrico luego de las tensiones diplomáticas que casi les cuesta su histórica relación de 200 años. Aunque el gobierno de Gustavo Petro ha rechazado la dura política migratoria de Donald Trump, con ese acuerdo logró calmar el oleaje diplomático, además sentó la posibilidad de poner en peligro los datos de esa población y de todos los colombianos.
El acuerdo busca intercambiar datos biométricos con EE. UU. para identificar y prevenir el ingreso de “criminales” a las fronteras de ambos países. Pero la ley colombiana de Habeas Data prohíbe el tratamiento de datos sensibles sin un consentimiento explícito y se enmarca en un contexto complejo en donde el gobierno Trump criminaliza a los migrantes, especialmente a los latinos. Este panorama deja varias dudas sobre el futuro de su aplicación legal y los posibles escenarios que atravesará Colombia cuando pase del papel.
Expertos aseguran que se podrían vulnerar derechos fundamentales de colombianos, migrantes y asilados. Pero el gobierno ve otras ventajas, como el control de algunos delitos como la trata de personas. Por ahora, la Cancillería colombiana mantiene bajo reserva la carta de intención firmada porque aún no avanza en las negociaciones con EE. UU. En paralelo, en países como México y El Salvador, la estrategia de vigilancia y control se repite.
Un acuerdo con narrativas opuestas y sin intenciones claras
La primera reunión entre funcionarios de los gobiernos Trump y Petro ocurrió dos meses después de uno de los mayores ‘impasses’ diplomáticos entre EE. UU. y su mayor aliado latinoamericano. Se dio por un cruce de trinos de ambos presidentes, que tuvo como foco principal las duras políticas migratorias de Trump y el trato a migrantes latinos.
En el encuentro entre Noem y Sarabia en el Palacio de San Carlos, que buscó apaciguar las tensas aguas diplomáticas, firmaron una carta de intención para fortalecer la cooperación en materia de información migratoria. En pocas palabras, que Colombia ingrese al Programa de Intercambio de Datos Biométricos del Departamento de Seguridad Nacional (IBIS).
“La declaración busca desarrollar un mecanismo para fortalecer la cooperación en el intercambio y gestión de información, que identifique a visitantes con antecedentes de delitos graves”, mencionó la canciller Sarabia. Pero también dijo que se trataría de un acuerdo para prevenir el tráfico de migrantes, la trata de personas y proteger los derechos de los migrantes “más vulnerables”.
Pero el tono de Noem fue algo distinto. Aunque coincidió en prevenir delitos con migrantes, aseguró que este buscaría prevenir mejor el cruce de fronteras de ‘delincuentes y terroristas’. Además, según sus datos, el intercambio de datos biométricos ha dejado más de 1.700 deportaciones y mil arrestos.
Si Colombia ingresa al IBIS, Estados Unidos podría cruzar los datos biométricos y biográficos de migrantes, solicitantes de asilo y de posibles amenazas a la seguridad en las fronteras. Esta base de datos ya funciona en países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y algunos países de la Unión Europea. En esta última, el diputado alemán, Patrick Breyer, acusó a EE. UU. de presionar a los gobiernos europeos con imponer visas a sus ciudadanos de no firmar el acuerdo.
En ese orden de ideas, la carta de intención contradice las declaraciones del presidente Petro sobre protección a los ciudadanos colombianos. Según le dijo a La Silla Vacía, Lucas Gómez, ex gerente de fronteras del gobierno de Iván Duque, “los convenios ya existen, pero no se comparte la información de todos los colombianos ni de todas las bases”. En sus palabras, el acuerdo es “una estrategia para mostrar que las relaciones vuelven a estar en buenos términos”.
Este dato lo corrobora Lina Arroyave, investigadora en Dejusticia y experta en migración. “Colombia hace parte del programa Bitmap desde 2015, cuyo objetivo es prevenir el ingreso de terroristas mediante el intercambio de datos biométricos”. También le parece contradictoria la decisión del gobierno Petro y le preocupa que Colombia se esté alineando a las solicitudes de Estados Unidos en un contexto tan vulnerable para los migrantes.
Habeas Data en jaque: el dilema del acuerdo biométrico en Colombia
La Registraduría colombiana cuenta con la principal base de datos, pero no es la única que tiene datos sensibles. Desde 2015, la Cancillería ha recolectado más de 18 millones de datos biométricos en la emisión de pasaportes. Migración tiene el registro de iris de más de 1.2 millones de colombianos que usan Biomig para la entrada y salida en los aeropuertos del país. Mientras que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) cuenta con datos biográficos, dactilares y fotográficos de 170 mil personas privadas de la libertad.
“Conocer qué tipo de datos biométricos compartirán Colombia y EE. UU., las bases de datos de donde saldrán o cómo se usarán en las fronteras es fundamental para entender hasta qué punto podrían vulnerar derechos”, aseguró Juan Diego Castañeda, codirector de la Fundación Karisma.
Según explica, no es lo mismo compartir datos de una persona que tiene una denuncia o que ha estado en la cárcel. Por ejemplo, si una persona tiene denuncias de crímenes no violentos o está en el marco de una investigación en donde aplica la presunción de inocencia, sí se podrían estar violando derechos fundamentales.
La ley de Habeas Data estipula que los datos biométricos son datos sensibles, porque revelan características únicas y difíciles de alterar, por lo que no pueden ser compartidos sin autorización. En estos se incluyen las huellas dactilares, la geometría de la mano, el reconocimiento facial, vascular, de retina y del iris. Aunque la ley contempla algunas excepciones como el ser utilizados para seguridad y defensa nacional.
Sin embargo, la sentencia C-748 de 2012 de la Corte Constitucional establece que, incluso cuando una ley exime la necesidad de autorización, esta debe ser “conforme a las garantías que otorga el Habeas Data”, como la finalidad legítima y el cumplimiento del principio de proporcionalidad. Además, se debe informar al titular para qué se usarán sus datos.
“Compartir datos de colombianos significa una no aplicación de la ley de Habeas Data”, señala Castañeda. En un escenario donde Colombia ha compartido en el pasado datos de conciudadanos y puede volver a hacerlo, las instituciones parecen insistir en pasarse por encima de la ley.
En Colombia, desde 2017, instituciones como la Policía han usado sistemas biométricos, faciales, palmares y dactilares como el ABIS para “individualizar el crimen” a través de la identificación de personas en videos e imágenes. El sistema fue diseñado para investigar e identificar personas sospechosas o con procesos pendientes con la justicia que realiza la entidad. Para esto se solicitó el acceso a la base de datos de rostros de la Registraduría.
CW+ consultó a la Cancillería para conocer los detalles de la carta de intenciones. Pero dijo que, hasta la fecha, no ha iniciado la negociación bilateral entre ambos países. Por eso, argumenta que no es jurídicamente vinculante y que la carta estará restringida al público por “razones de seguridad”. También aclaró que las acciones que se implementen se harán conforme a las leyes de Colombia y dejó por sentado que conoce que está prohibido compartir datos e información de colombianos o residentes extranjeros.
La externalización de fronteras y los migrantes como carne de cañón
El ex vicecanciller Daniel Ávila había dejado claro que la ley de Colombia no permite compartir datos biométricos y sería parte de la discusión con EE. UU. Sin embargo, señaló que “hay posibilidades también de trabajar con información de extranjeros que vienen de muchos lados del mundo y vamos a tener la capacidad de acceso a la base de datos de Estados Unidos”.
Las declaraciones confirman que EE. UU. compartiría información con Colombia, pero no sería recíproca. Sin embargo, el vicecanciller sí abrió la puerta a compartir datos de migrantes.
Tal como confirma Juan de Brigard, experto en derechos digitales, durante la pandemia, los datos biométricos de migrantes venezolanos obtenidos al emitir su Estatuto Temporal de Protección (PPT) se almacenaron en una gran base de datos que maneja el Estado colombiano. En ella hay cerca de dos millones de personas.
En el proceso, los migrantes tenían que dar sus datos biométricos a Migración Colombia para regularizar su estatus y acceder a derechos como salud, educación o trabajo. De no hacerlo, se les negaba su permiso temporal. Lina Arroyave, de Dejusticia, afirma que se cometieron errores, como “personas que les tomaron hasta cinco veces sus biométricos. Incluso una fuga de documentos de venezolanos que incluía a solicitantes de refugio, lo que generó preocupación por el riesgo de persecución si esa información llegaba a funcionarios venezolanos”.
De compartirse datos de migrantes venezolanos o de otras nacionalidades que cruzaron el país por pasos fronterizos como el tapón del Darién, se estaría acoplando a la estrategia de Estados Unidos para externalizar los regímenes de control de fronteras más allá de su propio territorio, que trae consigo la vigilancia, el control policial y la exclusión de los inmigrantes.
En el gobierno de Joe Biden se vieron muestras de esta estrategia, como las Oficinas de Movilidad Segura, que prometían a los refugiados y migrantes aplicar a procesos de reasentamiento mientras esperaban en Colombia, Costa Rica, Guatemala y Ecuador. Hasta mediados de 2024, se presentaron 190 mil solicitudes. De estas, solo 34 mil lograron entrar como refugiados, 9 mil se reasentaron en Estados Unidos y 18 mil llegaron por vías legales.
El programa fue clausurado en la era Trump, y los expertos coinciden en que la información entregada por los solicitantes en estos programas podría usarse ahora para criminalizar a las personas o impedir su admisión en la frontera estadounidense. Para Brigard, estas oficinas implicaron una cesión de soberanía por parte de Colombia y bajo la nueva administración se podría poner en peligro la identidad de los migrantes venezolanos.
La gira de Noem por México y El Salvador en su estrategia de vigilancia
La gira de Noem por los biométricos de los migrantes no solo fue en Colombia. Un día antes de llegar a ese país, estuvo en El Salvador. Ahí firmó un Memorando de Cooperación para actualizar la Alianza de Seguridad para el Control de Fugitivos (SAFE) y garantizar que los antecedentes penales de los fugitivos se compartan entre naciones y los “criminales” no sean liberados inadvertidamente en las comunidades estadounidenses.
Desde que el presidente Nayib Bukele estableció el “estado de excepción” firmó acuerdos para ingresar a IBIS y realizar intercambio de biométricos de sus ciudadanos con EE. UU. El objetivo era “verificar las identidades de los migrantes irregulares”, con énfasis en la identificación de aquellos que hayan cometido delitos.
La policía salvadoreña acumula gran cantidad de datos sobre su ciudadanía, que comparte con DHS, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el FBI. También acceden los funcionarios del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) y del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) lo que facilita la detención y deportación, sin ningún tipo de verificación. Incluso el DHS ha admitido que no puede corroborar la calidad de los datos de una de sus bases de datos.
Según Access Now, existen personas que huyen de los abusos y detenciones arbitrarias que se viven en el gobierno de Bukele, las cuales podrían ver imposibilitada su alternativa para pedir asilo en EE. UU. al ser erróneamente perfiladas por la información compartida.
Luego de visitar Colombia y El Salvador, Noem también pisó tierras aztecas. Allí le solicitó al gobierno mexicano compartir los datos biométricos de migrantes y viajeros con las autoridades fronterizas. Noem conversó el tema con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sheinbaum dice que solo se compartirán datos de migrantes y niega la existencia de un acuerdo para compartir datos de mexicanos, pero es cuestionada por presentar iniciativas para incluir datos biométricos en la CURP, el homólogo de la cédula en México.
La presidenta omitió que según datos del Instituto Nacional de Migración, entre 2018 y 2024, se han recopilado y transferido 433 mil perfiles de datos biométricos de migrantes obtenidos en once estaciones migratorias, sin revelar con qué autoridades fueron compartidos.
“Los datos biométricos en México se utilizan como un ‘prefiltro’ de personas que intentan ingresar a EE. UU. y existe evidencia de que esta información se ha utilizado para criminalizar caravanas migratorias”, explica Santiago Narváez de la Red en Defensa de los Derechos Digitales en México (R3D).
Los otros posibles escenarios para Colombia
Además de compartir datos de migrantes y posiblemente de colombianos a los Estados Unidos para “identificar criminales”, la carta de intención facilitaría las repatriaciones de colombianos que se encuentran en un estado migratorio irregular en EE. UU. Además, la Cancillería dice que el acuerdo fortalecería las capacidades de las autoridades migratorias y así se evitarían delitos como la trata de personas y el tráfico de migrantes.
“Nuestros cónsules podrán acceder a la base de datos que tiene Estados Unidos sobre estas personas, nuestros connacionales que han estado en ese país de manera irregular y que están en centros de detención listos a ser transportados. Podrán acceder a esa base de datos para poder expedir esos pasaportes de manera más ágil para que no esperen demasiado”, dijo el vicecanciller Ávila sobre las oportunidades del acuerdo. Esa postura la comparte Noem.
“El acuerdo puede ser problemático, pero debemos atemperar los análisis. Centroamérica cuenta con una historia distinta a la nuestra, tiene menor población y sus patrones de migración son diferentes. Este acuerdo podría ayudar a combatir el narcotráfico o evitar la trata de personas al conocer cuando se sale de un territorio”, agrega Juan Diego Castañeda.
Sin embargo, un riesgo inherente para Lina Arroyave, de Dejusticia, es el sesgo que tiene de la tecnología biométrica contra las personas racializadas, lo que puede generar falsos positivos y falsas acusaciones. Y desde la experiencia mexicana, Santiago Narváez advierte riesgos como la criminalización de migrantes, robo de identidad, identificación por agentes persecutores, y el endurecimiento de la política migratoria.
La gira de Noem por Latinoamérica deja clara la intención de externalizar las fronteras estadounidenses en el resto del continente a partir de acuerdos biométricos bajo el argumento de luchar contra el crimen, pero en una delgada línea que afina la persecución hacia los migrantes.
Por ahora, se desconocen los alcances del acuerdo y su futuro recae en una encrucijada diplomática para no traer efectos colaterales en un momento de tensiones, donde la política migratoria estadounidense es la deportación masiva y el gobierno colombiano presenta un cambio de agenda que podría ser contradictoria de firmarse el peor escenario.
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