Marcio Melgosa Torrado, procurador delegado primero para la vigilancia preventiva de la función pública, suspendió el proceso de estructuración de la segunda fase del alumbrado público de Cali y le pidió a Emcali reiniciarlo. Esto por presuntas irregularidades. En su pasado, Melgosa asesoró jurídicamente a Emcali durante los años en que el alumbrado funcionaba bajo un modelo contractual cuestionado y atravesado por controversias jurídicas.
Melgosa es abogado y ha construido su carrera en el sector público. En 2014 y 2015, fue asesor jurídico de Emcali, cuando la cuestionada empresa Megaproyectos S.A.S. operaba todo el alumbrado público de Cali. Megaproyectos tuvo el negocio del alumbrado público por más de dos décadas. Y, desde 2015, el contrato sumó cerca de 20 otrosíes para esa empresa hasta 2021.
Sumado a su vínculo como asesor jurídico de Emcali hace una década, la trayectoria de Melgosa ha coincidido con escenarios institucionales y políticos en los que Cambio Radical ha tenido presencia en el Valle. Sectores críticos del proceso han planteado cuestionamientos sobre la imparcialidad en la intervención del ente de control en un negocio históricamente manejado por Megaproyectos. CW+ Noticias se contactó con Melgosa para conocer su versión. Aunque negó tener conflictos de interés con Emcali, no atendió otros puntos consultados.
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La mano del procurador en el proceso del alumbrado público
El pasado 5 de diciembre, Marcio Melgosa, procurador delegado primero para la vigilancia preventiva de la función pública, pidió reiniciar el proceso de estructuración del alumbrado público de Cali. Lo hizo por presuntas irregularidades en el procedimiento adelantado por Emcali, la empresa pública más grande de la ciudad. En el oficio, la Procuraduría sostuvo que el proceso no contaba con etapas, plazos y reglas claramente definidas para la selección.
Emcali planea un nuevo esquema de selección de contratista, en el que la ciudad ya no estaría dividida en tres zonas manejadas por diferentes empresas. Para ello, inició una etapa “no vinculante” en la que empresas entregan sus condiciones para prestar el servicio. Aunque Emcali asegura que esto no hace parte de la etapa precontractual, para Melgosa sí lo es. Por eso, cuestionó que esa fase no hubiera sido publicada en el Secop, al tratarse —en su criterio— de actuaciones que deben garantizar publicidad.
Según explicó a este medio Roger Mina, gerente de Emcali, desde que llegó a la Alcaldía de Alejandro Eder se ha buscado cambiar el modelo que venía operando el alumbrado público. Y así, reducir la concentración histórica de Megaproyectos, la empresa del megaempresario fallecido William Vélez que controló el negocio por 24 años. Mina señaló que, como parte de esa transición, se optó por dividir la ciudad en zonas sur, centro y norte. Sin embargo, el contrato resultante ha sido prorrogado mediante otrosíes y se extendió hasta diciembre de 2025, más allá del plazo inicialmente previsto.
Para Melgosa, el nuevo diseño de selección tiene fallas y por eso pidió reiniciarlo. Sin embargo, la decisión reactivó lecturas políticas sobre el proceso. Abrió cuestionamientos en sectores críticos que consideran que el alumbrado público ha sido históricamente un escenario monopolizado por Megaproyectos y otros políticos locales por su cercanía con partidos como Cambio Radical.
Melgosa, el sector público y los vínculos políticos que rodean el debate
Marcio Melgosa es procurador delegado para la vigilancia preventiva de la función pública. En pocas palabras, es quien vigila a las entidades públicas para prevenir riesgos en contratación. Llegó a ese cargo en 2021 por solicitud de la exprocuradora general, Margarita Cabello. Al igual que Cabello, Melgosa es barranquillero y, según él confirmó en esta entrevista, reside en Cali desde 2013. Es abogado, con especialización en contratación estatal y maestría en derecho constitucional, y ha construido su carrera en el sector público.
Su nombre escaló en los medios nacionales tras la demanda de la Procuraduría contra el contrato de la Cancillería con Portugal para la elaboración de los pasaportes. Melgosa ha tenido en sus manos el futuro de ese contrato por $1,3 billones de pesos, al cual ha señalado de presuntas irregularidades y de ser un “compendio de improvisaciones”. En Cali, su intervención en el proceso de alumbrado público lo volvió a ubicar en el centro de un debate de alto impacto económico.
Melgosa ha construido a pulso su carrera en el sector público, pero su paso por distintas entidades también lo ha llevado a entornos institucionales donde la política tradicional, incluido Cambio Radical, ha tenido presencia. Su hoja de vida registra un inicio como contratista en la Fundación Visión Compartida (Funviscom), organización sin ánimo de lucro con operación en Guaviare. El procurador manifestó no haber tenido relación con Funviscom; sin embargo, su hoja de vida registrada en SIGEP consigna un vínculo contractual entre 2006 y 2008.
Funviscom ha tenido convenios con entidades del Guaviare. En la Alcaldía de San José del Guaviare administra el programa Hogar Amigo para adultos mayores desde 2020 cuando asumió Ramón Guevara Gómez, avalado por Cambio Radical. El último convenio reportado para esa operación se firmó el año pasado por $890 millones con el actual alcalde Willi Rodríguez, quien venía de la administración de Guevara.
Su segundo escalón en el servicio público fue en la Empresa de Desarrollo Urbano y del Medioambiente de Soledad (Edumas), donde fue asesor entre noviembre y diciembre de 2007. Posteriormente, en agosto de 2012 llegó a Fiduprevisora, donde se mantuvo por cerca de dos años como contratista.
En 2014 llegó a Emcali como contratista para dar asesoría legal en contratación en Emcali, bajo la gerencia de Óscar Armando Pardo Aragón, nombrado por el entonces alcalde conservador, Rodrigo Guerrero. En ese entonces, Guerrero contó con apoyos de distintos sectores políticos, entre ellos del Partido Verde aliado al exalcalde Jorge Iván Ospina. También por el exgobernador del Valle conservador, Ubeimar Delgado, el ala de La U del hoy candidato, Roy Barreras, la ASI y el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.
El primer contrato con Emcali lo tuvo entre el 14 de enero y el 1 de diciembre de 2014. En ese entonces, Megaproyectos tenía el negocio del alumbrado y ya venía cuestionado desde el 2012 bajo la Alcaldía de Guerrero. Una vez terminó ese contrato, desde el 3 de diciembre hasta finales de ese mes, trabajó como abogado asesor de la directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca Rahin, quien se ha mantenido en ese cargo por más de diez años. Como reporta Cambio, Salamanca se ha reelegido con la ayuda de Cambio Radical y de Roy Barreras.
Melgosa regresó a Emcali con un segundo contrato, entre el 13 de enero de 2015 y diciembre de ese año. Prestó sus servicios para representar jurídicamente a Emcali. Además de los cuestionamientos que ya tenía el contrato, a partir del 2015, este empezó a sumar 20 otrosíes hasta el 2021.
Con estos antecedentes, el nombre de Melgosa aparece relacionado con etapas y escenarios institucionales donde Cambio Radical ha tenido incidencia política en el Valle. Por ejemplo, varios sectores han señalado históricamente a Emcali como fortín político y un espacio de disputa burocrática entre fuerzas políticas locales y nacionales, con participación de diferentes grupos y figuras públicas. Entre ellos, Cambio Radical.
Más adelante, entre 2016 y 2021, Melgosa trabajó como asesor jurídico en el Ministerio de Salud. En ese periodo, Cambio Radical mantenía peso nacional a través de figuras como Germán Vargas Lleras, entonces vicepresidente hasta su renuncia en 2017.
Entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, trabajó como asesor jurídico pago por el Congreso para el senador Motoa. Renunció para trabajar en la Alcaldía de Palmira del verde Óscar Escobar, quien fue apoyado por el hoy candidato a Senado y primo del senador Motoa, Juan Fernando Reyes Kurí. También fue apoyado por Motoa y Cambio Radical.
Llegó a la Procuraduría en 2021 bajo el amparo de Margarita Cabello, a quien según Melgosa, conoció durante su paso por el Capitolio Nacional cuando era asesor de Motoa. Cabello fue elegida como procuradora general en 2020 con el apoyo unánime de varios partidos en el Senado, entre ellos Cambio Radical. Este año fue ratificado por Gregorio Eljach en el cargo.
El senador Motoa negó a CW+ cualquier vínculo personal con el procurador Melgosa. Aseguró que trabajaron juntos por medio de su banco de hojas de vida. Sin embargo, este medio consultó elementos públicos en redes sociales y encontró una publicación fechada el 13 de agosto de 2016 en la que Motoa tenía una foto en su Instagram con Melgosa, en donde aparecía celebrando el cumpleaños de María Alejandra Cobo, hija del exalcalde de Cali, Ricardo Cobo, y quien fue esposa de Melgosa por ocho años. Así lo confirmó el procurador a CW+ Noticias un día después de haber publicado esta nota.
Al momento de realizar una verificación posterior, esa publicación no se encontraba disponible en el perfil consultado. En cualquier caso, la sola existencia —o la ausencia— de fotografías en redes sociales no permite establecer, por sí misma, vínculos indebidos ni incidencia en decisiones administrativas.
El senador Carlos Motoa ha hecho seguimiento al contrato del alumbrado público desde hace un año. Ha cuestionado los otrosíes y la adición de recursos al contrato y ha afirmado que Emcali no habría cumplido la meta de instalación de luminarias anunciada para 2024. Motoa ha hablado de presuntas irregularidades y posibles fallas en el manejo de recursos públicos en la entidad.
Recientemente, la Procuraduría, también en cabeza de Melgosa, abrió una investigación en contra de Roger Mina y otros exfuncionarios. Una decisión tomada con base en una queja radicada por Motoa en agosto de 2024. “Hoy la Procuraduría nos da la razón”, aseguró.
Fuentes consultadas por este medio sostienen que alrededor del alumbrado público existen presiones y lecturas políticas cruzadas que van más allá de lo técnico. Al parecer, congresistas e intereses nacionales, pretenden que Megaproyectos continúe con el control del alumbrado en Cali. Sin embargo, hasta ahora no hay documentos públicos que permitan afirmar que el procurador Melgosa o el senador Motoa tengan un interés personal o un beneficio directo ligado a operadores específicos del alumbrado.
Motoa negó los señalamientos sobre intereses particulares y Melgosa, consultado por este medio, negó tener conflicto de interés con Emcali. Más allá de esas posiciones, el episodio deja una pregunta de fondo: cómo se garantiza la confianza pública cuando un funcionario que tuvo vínculo profesional previo con la entidad intervenida toma decisiones que reconfiguran un negocio históricamente disputado.
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