El pasado 18 de marzo, Cuestión Pública reveló que el juicio contra el concejal de Cali por el Centro Democrático, Andrés Escobar, se reanudó tras más de un año suspendido. Escobar debe responder por disparar a manifestantes en el marco del Paro Nacional del 2021. Sin embargo, este no es el único lío que tiene. Como concejal, la Procuraduría ha abierto varias investigaciones disciplinarias: algunas siguen activas, otras, se archivaron.
A través de un derecho de petición respondido a CW+ Noticias, el Ministerio Público confirmó que tres procesos están activos, y otros tres fueron archivados. Entre estos últimos está la investigación disciplinaria por los hechos sucedidos en el paro de hace cinco años, la cual contó con un archivo inhibitorio. Esto significa que se abstuvo de iniciar una investigación formal.
Contexto: Luego de cuatro años y aplazamientos, comienza juicio de Andrés Escobar.
—Los procesos que siguen activos en la Procuraduría
Dos procesos están relacionados. Tienen que ver con hechos ocurridos en 2025 para presuntamente sabotear las marchas a favor del gobierno de Gustavo Petro del 28 y 29 de mayo de ese año. El Ministerio Público investiga a Andrés Escobar y el también concejal de Medellín por el Centro Democrático, Andrés Gury Rodríguez, por un video publicado en sus redes sociales en donde dicen que “van a llamar a la reserva activa y a los ciudadanos a defender nuestro departamento y si nos toca enfrentarlos, lo vamos a hacer”.
La investigación contra Escobar está en la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle y se dio con base en una publicación hecha por la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta. La congresista denunció que Escobar y Gury estarían llamando a “boicotear” las marchas. Según confirmó la Procuraduría a este medio, el caso está en evaluación de investigación disciplinaria. En ese entonces, hasta el presidente Petro pidió investigar a ambos concejales.
En paralelo, la investigación del concejal de Medellín está en la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, pero también involucra a Escobar. Ese caso está en etapa probatoria de investigación disciplinaria.
Otra investigación activa, con fecha del 11 de noviembre del 2025, tiene que ver con una denuncia hecha por la expareja del concejal, Melissa Escobar, quien declaró “amenazas por mal manejo del esquema de seguridad designado por la UNP, chantaje del cabildante, y presuntas presiones de carácter laboral para acceder a oportunidades laborales en el sector público”. Esa denuncia, interpuesta por Escobar, asegura que incluso hay autoamenazas.
“Las amenazas que supuestamente le hacían se las inventaba o las mandaba a hacer con su asistente. Conseguían celulares y simplemente mandaban frases intimidantes para sustentar la asignación del carro. Yo me entero de una, y es un panfleto supuestamente del ELN que lo manda a hacer con el asistente y lo ponen en el carro dentro del Concejo de Cali. Eso es mentira”, dijo Melissa.
Cabe resaltar que por esas presuntas amenazas, Escobar estuvo casi dos meses sin ir al Concejo de manera presencial. En ese entonces, la exconcejal Ana Erazo aseguró que Escobar se conectaba virtual para confirmar asistencia y recibir honorarios, pero no participaba de las discusiones. De hecho, como reportó CW+ Noticias en esta investigación, con 15 faltas registradas, Escobar fue uno de los concejales con más faltas entre 2024 y el 5 de mayo de 2025.
Escobar ha denunciado varias veces amenazas en su contra. Una de ellas fue radicada en 2024 ante la Fiscalía junto al concejal uribista, Felipe Murgueitio. Ambos argumentaron que las disidencias de las extintas Farc estaban planeando un ataque con drones. La alerta la habría recibido por parte de la Policía Nacional, quien fue informada por un disidente desertor de esa guerrilla.
Además, en el 2022 Escobar también denunció atentados contra su vivienda con disparos y el lanzamiento de una granada artesanal, además de afirmar haber recibido panfletos amenazantes que lo declararon “objetivo militar”. En esa ocasión, mencionó haber interpuesto más de 50 denuncias ante la Fiscalía sin que ninguna hubiera prosperado.
Otras denuncias también están constatadas por la Procuraduría como siete mensajes de “amenazas e intimidaciones” del 31 de octubre al 29 de noviembre del 2023 a través de Instagram, con origen de diversos perfiles. También una “amenaza verbal” por parte de un desconocido, ocurrida el 23 de enero del 2024 mientras se encontraba en Plenaria del Concejo.
—Los procesos disciplinarios archivados
Uno de los procesos archivados fue el de presunta violencia de género contra Charlotte Schneider, exdirectora para mujeres en Actividades Sexuales Pagas del Ministerio de Igualdad y hoy viceministra de Mujeres. En marzo del 2024, la Procuraduría abrió una investigación en contra de Escobar por publicar una foto de Schneider con el mensaje: “¡Feliz día del hombre petrista!”, en alusión a su identidad como mujer transgénero.
En ese entonces, hubo rechazo del gobierno Petro y de la Defensoría del Pueblo. También de su partido. “El Centro Democrático es un partido de valores y respeto por la dignidad de las personas, sin importar su orientación sexual”, señaló la colectividad a través de un trino de X. Acto seguido, se excusó con “las personas que se puedan haber sentido ofendidas con la publicación del concejal”.
Escobar solicitó archivar porque “el hecho atribuido no existió” y “que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria”. Finalmente, la Procuraduría señaló que no encontró el post original hecho en X, porque fue borrado. Por eso, no pudo probar la autenticidad de la prueba, por lo que “carece de veracidad”. Además, señaló que “el tema de las publicaciones en redes sociales por parte de servidores públicos no tiene reglamentación específica”.
Otro caso archivado es el de un presunto uso indebido de su camioneta de la Unidad Nacional de Protección a mediados de 2024. Se trata de una investigación por un choque que tuvo un vehículo asignado por la UNP mientras su expareja, Melissa Escobar, lo conducía.
El concejal argumentó ante la Procuraduría que durante el 21, 22 y de junio, fecha de los hechos, estaba en “serios quebrantos de salud” por cefalea y náuseas. Por eso, estuvo bajo incapacidad médica en su casa y el vehículo no lo estaba manejando él. Además, demostró que la camioneta era propiedad privada de Bancolombia S. A. y su uso estaba determinado como servicio particular. A su vez, dijo que no se trató de un accidente tipificado porque “no obstaculizó el tráfico, no intervino ninguna autoridad de tránsito o policiva y no se expidió ningún comparendo”.
Frente a esos argumentos, la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca decidió archivar el caso. Dijo que, aunque el vehículo fue asignado por la UNP, pertenece a una empresa privada, y que “no pudo establecer por el medio legal idóneo que para el día de los hechos ocurriera un accidente de tránsito y que fuera conducido por el concejal Andrés Escobar”. Tanto la Policía Judicial, como la Policía Metropolitana de Cali, no aportaron pruebas que determinaran que hubo un accidente.
—La investigación en el marco del Paro Nacional que está en la Fiscalía
Aunque el Ministerio de Defensa puso a consideración de la Procuraduría los hechos ocurridos el 28 de mayo del 2021, cuando Andrés Escobar junto a otros civiles y miembros de la Policía salieron a disparar contra manifestantes en Cali, este órgano decidió poner el caso en archivo inhibitorio. Es decir, se abstuvo de iniciar investigación disciplinaria. Lo hizo el 21 de enero del 2026.
El MinDefensa hizo la solicitud con base en las investigaciones y sanciones disciplinarias contra funcionarios de la Fuerza Pública por actos cometidos en el marco de las protestas del paro del 2021. De hecho, desde 2023 el Ministerio Público investiga al patrullero Jhony Andrés Cuspián Rodríguez por la presunta omisión de sus funciones al permitir a Escobar disparar contra civiles.
Así, la investigación ahora solo reposa en manos de la Fiscalía, que imputó a Escobar por los delitos de amenazas agravado, usurpación de funciones públicas y lanzamiento de objetos peligrosos. También a otros cinco civiles y 12 miembros de la Policía Nacional.
Pero el proceso ha tenido varios aplazamientos. El 20 de septiembre de 2022, el Juzgado Tercero Penal lo citó a él y a 16 personas más a audiencia de acusación de cargos para enero del 2023. Pero en este último mes, fue aplazada para febrero. Luego, en diciembre de ese mismo año, se aplazó de nuevo una audiencia preparatoria en donde se presentarán las pruebas que se tendrían en cuenta en su juicio.
La audiencia volvió a quedar postergada para el 11 de marzo de 2024, luego para mediados de ese año y no había vuelto a avanzar. Eso cambió hasta la tercera semana de marzo del 2026, cuando el medio Cuestión Pública confirmó que el juicio se había reanudado, pero quedó nuevamente aplazado para el 20 de mayo porque su defensa solicitó la prescripción de los delitos de usurpación de funciones públicas y uso de objetos peligrosos.
Aunque el juez aceptó, el fiscal 94 Juan Carlos Oliveros lo apeló. Por eso, mientras el Tribunal Administrativo de Cali decide sobre la apelación, el juicio queda suspendido. Escobar no quiso pronunciarse al respecto. “Por instrucciones de mi cliente, no haremos comentarios. Sobre el devenir procesal, se puede suministrar en el juzgado”, contestó el abogado Ramos a Cuestión Pública.
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