En respuesta a la creciente violencia que afecta a varias zonas del suroccidente colombiano, el Gobierno Nacional pondrá en marcha un plan integral de sustitución de cultivos ilícitos en Jamundí, Valle del Cauca. La medida busca cortar las fuentes de financiación de estructuras criminales como la disidencia ‘Jaime Martínez’, responsables de hechos recientes que han alterado la seguridad en ese municipio y también en Cali. La decisión se tomó en un consejo de seguridad realizado en la capital del Valle, donde participaron el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la cúpula de las Fuerzas Armadas y autoridades locales y regionales.
Durante el encuentro, el Gobierno anunció que se encuentra en fase de definición un modelo de transformación agroalimentaria para los territorios afectados. Esta estrategia contempla la entrega de herramientas y alternativas productivas a comunidades campesinas e indígenas que han sido históricamente forzadas a depender de la economía ilegal. “Queremos que en esas zonas se cultiven alimentos que contribuyan a la seguridad alimentaria. Que los campesinos se sientan orgullosos de lo que siembran y que puedan caminar con libertad por sus tierras”, declaró el ministro Sánchez. El objetivo central es desmontar gradualmente los cultivos de uso ilícito y remplazarlos por cadenas agrícolas sostenibles.
Cali, una ciudad impactada por lo que ocurre en Jamundí
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, expresó su preocupación por los vínculos entre la crisis de seguridad en Jamundí y los ataques que ha sufrido recientemente la capital del Valle. En su intervención, fue claro al señalar que Cali no puede desligarse de lo que sucede en la zona rural de Jamundí y el norte del Cauca, donde operan grupos armados ilegales que, según denunció, estarían detrás de los atentados con explosivos ocurridos en las últimas dos semanas. “La inseguridad en Jamundí repercute directamente en la tranquilidad de Cali. No se trata de dos problemas distintos, sino de uno solo con diferentes rostros”, sostuvo Eder.
En ese sentido, el mandatario caleño hizo un llamado al Gobierno Nacional para tomar medidas contundentes que permitan recuperar el control territorial. Aseguró que la presencia de la disidencia ‘Jaime Martínez’ en las montañas de Jamundí no solo ha afectado a los habitantes rurales, sino que también ha puesto en riesgo a los ciudadanos de la capital.
Eder insistió en que estabilizar esta zona es una urgencia que requiere no solo intervención militar, sino una acción integral con inversión social, programas de desarrollo rural y garantías para los líderes comunitarios.
El Valle se prepara para cambiar hoja de coca por alimentos
Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, respaldó el plan de sustitución anunciado por el Ministerio de Defensa. La mandataria departamental explicó que uno de los pilares de esta estrategia será la implementación de cadenas agroalimentarias que permitan a las familias campesinas reemplazar los cultivos de coca por productos lícitos que puedan generar ingresos estables y legales. “La idea es que los jamundeños de la zona alta, que históricamente han estado en medio del conflicto, puedan cambiar esa parte ilícita por una parte lícita. Eso es lo que esperamos con urgencia”, indicó.
Toro informó que en un plazo de 15 días se espera la llegada de equipos técnicos que ayudarán a diseñar un plan de acción concreto con base en las condiciones del terreno y las capacidades productivas de las comunidades. Además, se contempla la intervención en temas como la minería ilegal y la extorsión, otras actividades ilegales que alimentan las finanzas de los grupos armados. Estas medidas se complementarán con el fortalecimiento de la presencia del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, que ya recibieron instrucciones desde el alto Gobierno para reforzar su capacidad operativa en la región.
La intervención en Jamundí se plantea no solo como una acción contra los cultivos ilícitos, sino como un plan de seguridad integral para desarticular redes criminales que se han afianzado en los últimos años. Para el Gobierno, no basta con la fuerza pública: la solución está en ofrecer alternativas reales a los territorios históricamente abandonados. Así, el plan buscará generar un entorno donde los campesinos tengan autonomía productiva, los jóvenes encuentren oportunidades y el control estatal se ejerza desde la legalidad y no desde el abandono.
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Aunque las autoridades reconocen que el camino será complejo y los resultados no serán inmediatos, también confían en que esta combinación de sustitución productiva, presencia institucional y fuerza pública pueda marcar una diferencia en zonas como Jamundí. Para muchos habitantes, esta puede ser la primera vez en décadas que una política de seguridad incluye también esperanza.
