La caseta comunal del corregimiento de Villa Colombia, en Jamundí, fue escenario de una fiesta aparentemente inofensiva. Sin embargo, su trasfondo es alarmante. Según denunció la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se trató de una actividad organizada por el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, en la que participaron niños, niñas y adolescentes. La mandataria calificó el hecho como una forma de reclutamiento encubierto, orientado a legitimar la presencia del grupo armado en el territorio. “Es como si se quisiera normalizar la ilegalidad”, advirtió. “Es sumamente preocupante que se involucren menores en estas actividades propagandísticas”.
La gobernadora señaló que este frente busca posicionarse en varios corregimientos rurales del municipio, entre ellos San Antonio, La Liberia, Timba y Villa Colombia. El objetivo sería reducir la resistencia de la comunidad frente a su presencia. A través de estas fiestas, las disidencias buscan generar aceptación entre los habitantes, principalmente los jóvenes, para luego imponer sus propias normas.
Acción urgente del Estado
“Es urgente que el ICBF actúe. Estamos frente a una modalidad encubierta de reclutamiento forzado que no podemos permitir“, manifestó Toro. También hizo un llamado a la sociedad civil para rechazar cualquier forma de legitimación de grupos armados.
Ante esta situación, el Ejército Nacional mantiene operaciones ofensivas en la parte alta de Jamundí. El general Juan Carlos Rendón, comandante de la Tercera Brigada, aseguró que se están verificando los videos y fotografías tomados en el evento. “Tenemos que neutralizar todos los factores de inestabilidad que esta estructura genera”, dijo el oficial. Las operaciones militares buscan desarticular no solo la presencia armada, sino también las economías ilícitas que sostienen al grupo.
Además del uso de fiestas como táctica de reclutamiento, las disidencias estarían ejerciendo control económico en la zona. Habitantes de Villa Colombia y San Antonio denunciaron que deben pagar una “cuota obligatoria” de al menos 30.000 pesos por persona. Este cobro sería destinado a la construcción de una vía ilegal entre ambos corregimientos. Los pobladores temen represalias si se niegan a colaborar con el grupo armado.
Le puede interesar: Refuerzan ofensiva judicial contra crimen organizado en Cali y el Valle
La situación en Jamundí evidencia el uso sistemático de menores en contextos de violencia. Organismos de protección y las autoridades civiles y militares deben actuar con celeridad. El reclutamiento forzado, aunque disfrazado de fiesta, sigue siendo un crimen que no puede pasar desapercibido.
