Las autoridades lograron identificar y desmantelar una red criminal que abastecía de gasolina a la disidencia armada ‘Jaime Martínez’ de las Farc. Esta estructura, que operaba desde estaciones de servicio en zonas rurales de Jamundí (Valle del Cauca) y Morales (Cauca), tenía como objetivo suministrar grandes volúmenes de gasolina para actividades ilegales como la producción de pasta base de coca y la minería no autorizada.
Los investigadores descubrieron que la gasolina se desviaba de forma sistemática desde estaciones aparentemente legales, lo que permitía mover maquinaria amarilla y surtir laboratorios clandestinos en sectores controlados por las Farc. Este hallazgo marca la primera gran afectación directa a los suministros logísticos que sustentan las operaciones del frente ‘Jaime Martínez’.
Le puede interesar: Inician obras del batallón ‘Coraza’ en Jamundí
Operativos simultáneos dejaron cuatro capturados y millonarias incautaciones
La operación incluyó tres diligencias de allanamiento, realizadas por unidades de inteligencia desde Cali. Dos de ellas se ejecutaron en la ciudad de Popayán y una más en una estación de gasolina ubicada en la zona rural de Morales. Como resultado, las autoridades capturaron a cuatro personas señaladas de formar parte de la red: alias Dairo, Faber, Cris y Doris, tres de ellos mediante orden judicial y uno en flagrancia.
Durante los procedimientos, los uniformados incautaron más de 150 millones de pesos en efectivo, un camión cisterna, un vehículo tipo campero, un arma de fuego, cuatro computadores portátiles, 12 celulares, 12 memorias USB, documentos contables y una tarjeta electrónica asociada a los surtidores de la estación implicada. La evidencia recolectada permitió establecer una afectación económica estimada en 40 millones de pesos para las finanzas del grupo armado.
Lea también: Disidencias imponen multas para forzar protestas en el Cauca
Avanza judicialización y posible extinción de dominio
Actualmente, las autoridades avanzan en el proceso de judicialización de los capturados, quienes estarían directamente relacionados con el suministro de combustible para fines terroristas. Los cargos que enfrentarán podrían incluir concierto para delinquir, financiamiento del terrorismo, y utilización indebida de recursos públicos con fines ilícitos.
Por otro lado, se estudia la posibilidad de aplicar la extinción de dominio sobre la estación de gasolina utilizada como fachada para las operaciones. Las autoridades resaltaron que este tipo de golpe afecta directamente la capacidad operativa de los grupos armados ilegales.