La violencia volvió a golpear a quienes dejaron las armas para apostar por la paz. En menos de 24 horas, dos firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados en el suroriente del Valle del Cauca. Los crímenes ocurrieron en los municipios de Candelaria y Florida, donde las autoridades ahora intentan establecer si existe alguna conexión entre los hechos, más allá de su proximidad geográfica y temporal.
El primer caso ocurrió en Juanchito, zona popular en la jurisdicción de Candelaria. Allí fue asesinado Yidwar Mondragón, un excombatiente que, según sus allegados, había enfrentado múltiples obstáculos en su proceso de reincorporación. Aunque se movilizaba en silla de ruedas debido a una condición física, fue capturado tiempo atrás bajo acusaciones de terrorismo. Luego, tras una fuerte campaña de organizaciones defensoras de derechos humanos, recuperó la libertad. Aun así, su vida nunca volvió a estar tranquila.
Ese temor lo llevó a solicitar medidas de protección. El 2 de julio de 2024 elevó la petición ante la Unidad Nacional de Protección, y fue radicada oficialmente en el Ministerio del Interior el 10 de julio. Sin embargo, nunca obtuvo una respuesta. La Corporación Justicia y Dignidad, que acompañó su caso, denunció que el Estado ignoró sus advertencias, y hoy su asesinato confirma que ese riesgo era real.
En el mismo ataque también fue asesinado Miguel Ángel Betancourt, de 32 años, quien se encontraba con él. Aunque las autoridades barajan hipótesis relacionadas con ajustes de cuentas por microtráfico, quienes conocieron a Yidwar descartan esa versión. Para sus compañeros del colectivo Jhonatan Sabogal, del cual era vocero, el crimen fue selectivo. No fue casualidad.
Otro crimen en Florida agrava el panorama de seguridad para excombatientes
Horas después del asesinato de Yidwar, la noticia de otro homicidio estremeció a la comunidad. Esta vez la víctima fue Marco Emilio Jaramillo Penagos, también firmante del acuerdo y residente en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Monte Redondo. El hecho ocurrió en zona rural del municipio de Florida, específicamente en el corregimiento El Llanito, sector conocido como Cañas Altas.
Según los reportes, Jaramillo se desplazaba por la zona cuando fue interceptado por dos hombres armados en motocicleta que le dispararon sin mediar palabra. Murió en el sitio, sin oportunidad de pedir ayuda. La Policía del Valle adelanta las investigaciones para esclarecer el caso, pero hasta ahora no hay capturas ni versiones oficiales sobre los posibles móviles del crimen.
Jaramillo era un ejemplo de compromiso con la reincorporación. En el ETCR participaba en proyectos agrícolas y de desarrollo económico para sostener su vida y la de su familia. Su asesinato representa un golpe no solo para sus seres queridos, sino para toda una comunidad que, como él, decidió abandonar el conflicto armado con la promesa de una vida en paz.
Más de 470 firmantes asesinados: ¿dónde están las garantías?
El panorama no podría ser más alarmante. Con estos dos homicidios, ya son 476 los firmantes del Acuerdo de Paz asesinados desde su firma en 2016, según cifras recopiladas por organizaciones como el partido Comunes. Solo en el Valle del Cauca, el número de víctimas ronda los 30, y la sensación general es que el Estado ha fallado en su deber de proteger a quienes decidieron transitar hacia la legalidad.
Juan Camilo Méndez Moreno, consejero político de Comunes en Cali, no ocultó su preocupación. “Empiezan a cuestionarse cuáles son las garantías reales para los firmantes. La reincorporación necesita condiciones dignas, no amenazas constantes. Sin protección, sin justicia, no hay reparación ni garantía de no repetición”, aseguró.
Méndez también hizo un llamado directo al Gobierno departamental. Pidió fortalecer la presencia institucional en las zonas rurales donde viven muchos excombatientes y exigió que las denuncias sobre amenazas sean atendidas con prontitud. “No podemos seguir sumando nombres a la lista de firmantes asesinados mientras se habla de paz en los discursos. La paz se protege con hechos”, sentenció.
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En medio de este escenario, las familias de las víctimas claman por justicia. Las comunidades que han trabajado en los procesos de reconciliación y construcción de tejido social sienten que el esfuerzo se desvanece ante la indiferencia del Estado.
