El sistema de salud del Valle del Cauca enfrenta una creciente crisis por las demoras en la entrega de medicamentos, especialmente aquellos dirigidos al tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. La situación ya empieza a traducirse en un aumento de urgencias médicas y hospitalizaciones, según alertan funcionarios y defensores del paciente en la región.
César Revelo, defensor del paciente en Cali, aseguró que en los últimos días se ha registrado un repunte preocupante de casos de descompensación, muchos de ellos provocados por la falta de insulina. “Hemos detectado que la interrupción en la entrega de medicamentos está obligando a los pacientes a acudir de forma urgente a clínicas y hospitales, cuando estas afecciones se pueden controlar si se accede al tratamiento a tiempo”, explicó.
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Por su parte, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, manifestó su preocupación por lo que considera una “normalización peligrosa” del desabastecimiento. “Nos preocupa que los ciudadanos estén resignándose a no recibir sus medicamentos. Esto no puede seguir siendo visto como algo normal. Necesitamos vallecaucanos sanos, y eso empieza con tratamientos continuos y oportunos”, afirmó.
En Cali se recibieron más 3.000 quejar por demoras en entregas de medicamentos
En lo que va del 2025, solo en Cali se han recibido más de 3.000 quejas formales por demoras o incumplimientos en la entrega de medicamentos. Ante el panorama, la Gobernación del Valle habilitó el correo electrónico medicamentos@valledelcauca.gov.co como canal de denuncia y veeduría ciudadana. El objetivo es mapear los puntos críticos del sistema y exigir respuestas inmediatas a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).
Las autoridades regionales instan a las EPS y operadores logísticos a tomar medidas de contingencia y acelerar los procesos de entrega. “No podemos permitir que una falla administrativa ponga en riesgo la vida de miles de personas”, reiteró Lesmes.
El llamado también es para los ciudadanos: que se mantengan vigilantes, reporten irregularidades y exijan su derecho al acceso efectivo a la salud, tal como lo establece la legislación colombiana. La crisis continúa, pero la solución insisten desde el gobierno departamental también depende del compromiso colectivo.