La tranquilidad en San Antonio, corregimiento rural de Jamundí, Valle del Cauca, se ha visto alterada por una denuncia que preocupa a las autoridades: presuntas disidencias de las Farc estarían obligando a los campesinos de la zona a pagar sumas de hasta $500.000 para financiar la construcción de una carretera no autorizada, que, según se teme, estaría destinada a facilitar actividades ilegales en la región.
La vía, que conecta a San Antonio con La Pradera y que las disidencias pretenden extender hasta Villa Colombia, ha sido bautizada por los mismos grupos armados como “Marco Fidel Suárez”. Según los testimonios recogidos, el objetivo sería evitar los controles policiales y militares presentes en la vía oficial, lo que permitiría al grupo armado moverse con mayor libertad en actividades como el narcotráfico o el transporte de armas.
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“Están pidiendo el dinero como si fuera un impuesto obligatorio, hasta con boletas para una supuesta rifa. Nos convocaron a una reunión y van a leer en público quiénes han pagado y quiénes no”, relató una habitante de la zona, que pidió anonimato por seguridad.
Situación genera alarma entre los residentes
La situación ha generado alarma entre los residentes, muchos de los cuales subsisten con jornales diarios de apenas $50.000 o $60.000. A pesar de las dificultades económicas, ahora enfrentan una presión directa que pone en riesgo su integridad si no acceden a pagar.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó las denuncias y exigió al Gobierno Nacional intervenir con urgencia para frenar lo que calificó como una clara violación a los derechos de las comunidades. “He pedido al Ejército, a la Policía y al Ministro de Defensa actuar sobre esta vía ilegal que amenaza con consolidar una ruta de ilegalidad”, afirmó la mandataria.
De acuerdo con los habitantes, esta no sería la primera vez que se les exige dinero. En una ocasión anterior, presuntamente otro grupo armado cobró $50.000 para la adecuación de otro tramo vial. Sin embargo, la diferencia en esta oportunidad radica en el carácter obligatorio de la cuota, que se acompaña de una fuerte intimidación.
La comunidad ha señalado a una mujer residente en el corregimiento como la presunta encargada de recaudar el dinero. Aunque hasta ahora las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre esta persona, los habitantes reclaman mayor presencia institucional y medidas concretas para evitar represalias.
Mientras tanto, el miedo crece. Las familias viven entre la incertidumbre de una posible retaliación y la impotencia de no contar con los recursos suficientes para enfrentar la imposición. Exigen que el Estado garantice sus derechos y les devuelva la posibilidad de vivir sin miedo en su propio territorio.
