Las fincas que en los años noventa y dos mil fueron emblemas del poderío del narcotráfico en el suroccidente colombiano cambiarán de manos. En un acuerdo sin precedentes, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) iniciaron el proceso de entrega de predios que alguna vez pertenecieron a los capos Diego León Montoya Sánchez, alias ‘Don Diego’, y Hélmer Herrera Buitrago, conocido como ‘Pacho Herrera’, a familias campesinas e indígenas que hoy luchan por una vivienda y un territorio en el que sembrar futuro.
Este avance se produce luego de tres días de protesta pacífica liderada por el movimiento Minga Cali en el centro de la capital del Valle, donde decenas de familias exigieron al Estado soluciones concretas tras ser desalojadas de distintos asentamientos. La presión dio frutos: se acordó una hoja de ruta para la entrega de tierras, incluyendo un recorrido de verificación por parte de funcionarios y representantes comunitarios.
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“Estamos transformando antiguos centros de acumulación mafiosa en territorios de dignidad y trabajo. Las comunidades que cultivan vida merecen un lugar para hacerlo en paz”, afirmó el director de la ANT, Felipe Harman, quien encabezó las visitas técnicas a los predios junto a voceros indígenas y funcionarios de la SAE.
Algunos de los terrenos estuvieron en poder del Cartel de Cali
Entre los bienes revisados hay terrenos que estuvieron en poder del Cartel de Cali y del Cartel del Norte del Valle. Algunos fueron utilizados como escondites, centros de operaciones o símbolos del lujo de sus antiguos propietarios, hoy extintos o condenados.
La entrada efectiva a los predios fue fijada para el 19 de agosto, fecha en la que se espera comenzar con la adjudicación formal. Las comunidades también pidieron que se prioricen otros inmuebles en proceso de extinción de dominio para ampliar la cobertura y evitar que más familias queden a la deriva.
“Anhelamos sembrar en tierras donde antes reinó la violencia. Que las fincas del narcotráfico se conviertan en hogares para nuestras familias es un acto de justicia histórica”, señaló Bernarda Pabón, vocera de la Minga.
El caso representa un giro significativo en la política de recuperación de activos del crimen organizado, con un enfoque en la reparación colectiva y el acceso efectivo a la tierra, en una región que durante años fue golpeada por el despojo, la violencia y el olvido institucional.
