La gobernadora encargada del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, calificó como crítica la situación de seguridad en el departamento tras el asesinato de tres menores de edad en los últimos quince días. “La muerte violenta de nuestros niños nos muestra una realidad dolorosa: están siendo vinculados a redes criminales desde edades muy tempranas”, señaló.
Lesmes advirtió que este panorama no solo refleja el poder de los grupos armados ilegales en la región, sino también el riesgo que corren los más jóvenes de caer en dinámicas de microtráfico y delincuencia. Su llamado estuvo dirigido especialmente a los padres de familia, para que refuercen el acompañamiento y supervisión de los entornos en los que se mueven sus hijos.
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Contexto de los asesinatos de menores
Los recientes crímenes ocurrieron en los municipios de Algeciras Nuevo y Pradera. Uno de los casos más alarmantes se registró dentro de una institución educativa, lo que generó preocupación entre docentes y estudiantes. Todos los menores eran escolares, lo que confirma que la violencia ha penetrado de manera directa en los espacios de formación y convivencia.
De acuerdo con información preliminar, los niños habrían tenido contacto con dinámicas ligadas al microtráfico, un factor que los convirtió en blanco de los grupos delictivos. El hecho de que las víctimas fueran de apenas 13 años y que los victimarios superaran los 25 años evidencia la facilidad con que estas organizaciones logran vincular a adolescentes en sus actividades ilegales.
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Alertas tempranas y medidas en curso
Paralelo a estos hechos, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para los municipios de Trujillo, Bolívar y Río Frío, donde se advierten riesgos inminentes por el accionar de grupos armados y la afectación a comunidades indígenas. La Gobernación aseguró que ya mantiene comunicación constante con las autoridades nacionales para articular medidas de seguridad.
Lesmes subrayó que estas alertas no pueden quedar en el papel y que deben traducirse en acciones concretas para proteger a las poblaciones más expuestas. Según la mandataria, la situación exige un trabajo conjunto entre instituciones, comunidades y familias, con el fin de frenar el reclutamiento de menores y garantizar entornos seguros en escuelas y barrios.
