La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitió una sentencia trascendental al condenar a 35 exintegrantes de los bloques Calima y Bananero de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). La decisión se sustentó en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que documentó 345 hechos delictivos cometidos principalmente en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Huila y Quindío.
Entre los condenados se encuentran reconocidos exjefes paramilitares como Hebert Veloza García, alias ‘HH’; Juan Mauricio Aristizábal Ramírez, alias ‘Fino’; Albeiro Antonio Úsuga Graciano, alias ‘Robinson’; y Dalson López Simanca, entre otros. El Tribunal los declaró responsables de cometer homicidios, desapariciones forzadas, reclutamientos ilícitos, desplazamientos masivos y actos de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
Masacres y desplazamientos que marcaron al Valle y Urabá
El fallo destacó el papel del Bloque Calima, autor de algunas de las masacres más violentas ocurridas en el suroccidente del país. Entre ellas se mencionan las de San Pedro, Chorreras, San Lorenzo y Piedritas, siendo esta última especialmente recordada por su brutalidad. En septiembre de 1999, hombres armados ingresaron al corregimiento San Rafael, en zona rural de Tuluá, y asesinaron a 13 pobladores, además de provocar un desplazamiento masivo y perpetrar actos de violencia sexual contra dos mujeres antes de asesinarlas.
El Tribunal declaró responsable al Bloque Bananero por la masacre de Acandí (Chocó), ocurrida el 3 de noviembre de 1995, donde sus hombres asesinaron al menos a seis personas, secuestraron y torturaron a varias más, y obligaron a más de 30 familias a huir. Estos hechos evidencian la sistematicidad con que operaron los grupos armados, afectando a comunidades enteras y destruyendo el tejido social.
Responsabilidad compartida y penas impuestas
El Tribunal también reconoció el papel de empresarios y algunos miembros de la fuerza pública en la consolidación y expansión de estos bloques paramilitares. Según las investigaciones, su apoyo logístico y financiero facilitó la presencia de las AUC en distintas regiones, lo que generó un clima de zozobra, miedo y desconfianza entre la población civil.
Los sentenciados deberán cumplir penas ordinarias de entre 20 y 40 años de prisión (240 a 480 meses), además de penas alternativas de ocho años contempladas en la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005). Igualmente, se les impusieron multas que oscilan entre 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales vigentes. La decisión constituye un paso más en el reconocimiento judicial de los patrones de macrocriminalidad que marcaron una de las etapas más oscuras del conflicto armado colombiano.
