La compleja situación de la salud en el Valle del Cauca y las denuncias sobre un presunto desfinanciamiento del sistema fueron abordadas recientemente por Félix Martínez, director de la ADRES. El funcionario ofreció una radiografía financiera del departamento, contrastando el multimillonario crecimiento del presupuesto nacional con la alarmante deuda de 2.6 billones que ahoga a clínicas y hospitales vallecaucanos.
Martínez sugirió que la solución a los conflictos de pago y la deuda histórica de las EPS pasa obligatoriamente por una reforma legal en el Congreso. La ADRES, conocida como el banco del sistema de salud, reiteró que su labor es garantizar el flujo de 8 billones de pesos mensuales a nivel nacional, siendo el 80% de este dinero girado directamente a las clínicas.
El Valle del Cauca enfrenta una deuda que, según registros de clínicas y hospitales públicos y privados, asciende a 2.6 billones de pesos. El director Martínez dejó claro que este dinero no puede ser cubierto con los giros actuales.
Martínez enfatizó que la ADRES solo transfiere los recursos destinados a la vigencia anual (el año en curso).
“Las deudas que tienen las EPS de años anteriores no hacen parte de los recursos que el sistema gira anualmente”, explicó el director.
Esta diferencia es crucial. El recurso principal del sistema, la Unidad de Pago por Capitación (UPC), está diseñado para cubrir los gastos de la vigencia, no para pagar el pasivo histórico. Por ello, el director insistió en que el problema de la deuda de las EPS, que no es deuda del gobierno, “tiene que resolverse a través de una reforma legal”.
Para contrarrestar las afirmaciones sobre el presunto desfinanciamiento de la salud en la región, Martínez presentó cifras de crecimiento presupuestal de la entidad que preside. El presupuesto de la ADRES ha escalado de 70 billones de pesos a 101 billones en un solo año, lo que representa un crecimiento superior al 40%.
Presunto desfinanciamiento de la salud en la región
“No es un problema de desfinanciamiento, es un problema de utilización eficiente de los recursos”. Resalt que es necesario revisar si el problema es de insuficiencia o, en gran medida, de ineficiencia en el gasto y la distribución.
La crítica situación de la Nueva EPS en Cali, donde el retraso en pagos a clínicas como Occidente y Versalles pone en riesgo la atención de 300.000 usuarios en el Valle del Cauca.
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Martínez confirmó que la ADRES cumple su parte: “No hay retrasos por parte de la ADRES. Nunca hay un retraso ni de un día. Jamás”. La entidad, afirmó, gira el dinero con “precisión cronométrica”. Según él, el verdadero problema es que la EPS es la que le debe dinero a la clínica y no paga oportunamente.
Sobre la intervención en estos conflictos, el director manifestó que: “Los problemas entre EPS y clínicas, yo no los puedo resolver”. La única entidad con competencia para un conflicto entre asegurador y prestador es la Superintendencia Nacional de Salud.
“La Clínica de Occidente está entre las cuatro clínicas con mayores ganancias en 2024”, con esto argumentó que, que posiblemente la crisis no se debe únicamente a que los prestadores no tengan ingresos, sino a un “problema de negociación entre aseguradores y prestadores”.
Explicó que, legalmente los dueños del dinero son las EPS y los que tienen que acordar las formas de pago y resolver las deudas son las EPS. Mientras la ley no cambie, “las EPS son las dueñas del problema”.
Ineficiencia y fallas estructurales: el reto nacional
Aunque el enfoque principal es el Valle, Martínez complementó la radiografía con hallazgos nacionales que explican la mala distribución del dinero.
El director señaló fallas graves en la atención, indicando que, a pesar de la cantidad de dinero que se mueve, el 83% de los cánceres no se diagnostican a tiempo. Esto se debe a que la atención básica y primaria falla, lo que resulta en miles de ciudadanos conectados a máquinas de diálisis.
La ADRES ha expuesto irregularidades con otros datos, un informe mostró que se facturaron servicios a 471.000 personas después de su fecha de fallecimiento. El director explicó que las EPS incurren en “múltiples irregularidades al presentar la información de gastos y servicios”.
Otro informe reveló que 6 millones de medicamentos fueron reportados con pagos por encima del precio regulado.
Sobre la crisis reciente de medicamentos, Martínez indicó que esta no se debe a una disminución de recursos del gobierno. Por el contrario, fue causada porque el gremio de medicamentos cambió las condiciones de cobro y pago. Según él, de pagar facturas a 90 días de crédito se pasó a exigir pago de contado, lo que genera una situación crítica inmediata.
Martínez concluyó que la única salida a esta crisis de años, que incluye la deuda problemática de 10 a 12 billones de pesos, es una decisión del Congreso. “El Congreso de la República tiene el deber de resolver el problema. Como lo quiera resolver, pero que lo resuelva”.
