Las principales organizaciones indígenas del Valle del Cauca, ACIVA RP (Asociación de Cabildos Indígenas del Valle, Región Pacífica) y ORIVAC (Organización Regional Indígena del Valle del Cauca), emitieron un comunicado urgente desmintiendo su participación en los bloqueos que afectan los accesos a la Gobernación del Valle desde el pasado miércoles.
La aclaración busca proteger el nombre y la institucionalidad de sus organizaciones ante señalamientos infundados que las vinculaban a la manifestación, la cual ha paralizado la atención a miles de ciudadanos.
La protesta es de la Minga Cali, no indígena
Las organizaciones regionales subrayaron que el plantón está siendo liderado por un colectivo que se ha autodenominado “Minga Cali”, compuesto principalmente por campesinos, asociaciones de vivienda y reclamantes de tierras.
Sus voceros han dejado claro que las peticiones del colectivo se centran en la adjudicación de predios y acuerdos de vivienda digna, asuntos cuya solución es de competencia directa del Gobierno Nacional, a través de entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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Relación de cooperación con la Gobernación
Tanto ACIVA RP como ORIVAC reafirmaron su compromiso con el diálogo y la cooperación con la gobernadora Dilian Francisca Toro, desautorizando cualquier movilización que afecte el trabajo de la entidad.
José Duván Ramírez, vocero de ACIVA RP, fue enfático:
“Aclaramos ante la opinión pública que como organización hemos trabajado en conjunto con la Gobernadora y con las comunidades indígenas del Valle del Cauca. No nos hemos apropiado de la plazoleta ni buscamos afectar el trabajo de las entidades”.
Por su parte, Juan Gutiérrez, consejero mayor de ORIVAC, insistió en que sus protocolos de movilización exigen consulta y comunicación anticipada, lo que no ocurrió en este caso: “Nuestras comunidades en el momento no están haciendo ningún tipo de actividad en movilizaciones”.
El bloqueo ha impedido la realización de más de 2.500 trámites diarios, por lo que la Gobernación ha mantenido un Puesto de Mando Unificado (PMU) y ha solicitado la intervención urgente del Gobierno Nacional para restablecer el orden.
